SANTO DOMINGO. El miembro titular de la Junta Central Electora (JCE), Eddy Olivares, pidió al Senado de la República que lo excluya de cualquier propuesta que tenga por objeto su elección nuevamente como miembro del órgano para el período 2016-2020.
En una carta enviada al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo: “Tengo a bien comunicarle mi decisión irrevocable de no optar por continuar formando parte de la Junta Central Electoral”.
En su extensa misiva, que contiene reflexiones y motivaciones de su decisión, refirió además: “No puedo dejar de destacar como una muestra de falta de institucionalidad política su declaración del día 10 de mayo del 2016, cinco días antes de las elecciones, en la que, en su calidad secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y senador por el Distrito Nacional, hizo pública la promesa de ratificarnos en nuestros cargos, a los miembros titulares de la (JCE), en caso de que, tal y como aconteció, su partido ganara las elecciones”.
Olivares comunica su decisión en momentos en que el Senado se apresta a elegir los nuevos miembros titulares de la JCE.
A continuación la carta íntegra de Olivares:
Santo Domingo de Guzmán, D.N.
30 de agosto de 2016
Sr.
DR. REYNALDO PARED PÉREZ
Presidente del Senado de la República,
Su Despacho.-
Distinguido Presidente:
Ante el hecho de que el pasado 16 de agosto concluyó el período constitucional, excepcionalmente de seis años, para el que fui elegido en el año 2010 como Miembro Titular, tengo a bien comunicarle mi decisión irrevocable de no optar por continuar formando parte de la Junta Central Electoral.
La presente misiva, como se podrá apreciar en lo sucesivo, contiene una serie de reflexiones relacionadas con el funcionamiento de este órgano supremo electoral, del cual me marcho tal y como llegué hace 10 años: defendiendo las causas que creo justas.
En ese sentido, con la convicción de que los funcionarios públicos tienen como su principal misión la de servirle, por igual, a todos los hombre y las mujeres que conforman la nación, procuré que nuestra institución respetara los derechos de todas las personas, en especial las más débiles, como aporte a la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
Sin embargo, el innegable déficit de institucionalidad que afecta la calidad de nuestra democracia, constituye un valladar para la armonización del funcionamiento de las instituciones públicas con el Estado de Derecho.
En ese contexto es que instituciones como la nuestra, abusando de su autonomía e independencia administrativa, toman decisiones arbitrarias que, muchas veces, llegan al extremo de cambiar, en sentido negativo, el curso normal de las vidas de muchas personas y de poner en dificultad al Estado.
La distorsión del servicio público es otra consecuencia de la falta de institucionalidad en la administración, la cual se expresa en el abandono las funciones esenciales, por parte de algunas instituciones, para convertirse en agencias recaudadoras voraces
que imponen administrativamente tarifas, indiscriminadas, que los usuarios pobres no pueden pagar.
Consciente de lo antes expresado, cada vez que nuestra institución se desvió del curso institucional y tomó el camino de la dictadura administrativa, levanté mi voz para reclamar el retorno a la institucionalidad.
La degradación de la institucionalidad política es también alarmante, como lo demuestra el hecho de que seis años después de la proclamación de la Reforma Constitucional del 2010 y habiéndose celebrado dos certámenes electorales, por conveniencia coyuntural de quienes tienen el control pleno del Poder Legislativo, no se ha modificado la Ley Orgánica Electoral para concordarla con la Constitución Política.
Debería mover a preocupación, igualmente, el hecho de que desde el 26 de enero del 2010, consciente e interesadamente, no se le ha dado cumplimiento el párrafo IV del Art. 12 de la Carta Sustantiva que establece que: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de la campaña y transparencia en la utilización del financiamiento”.
El citado aporte de la Reforma Constitucional del 2010, en lo referente al aspecto electoral se ha quedado en letras muertas, como lo demuestra el hecho de que tanto en las elecciones del 2012 como en las del 2016, las campañas electorales fueron excesivamente inequitativas, debido a la indiferencia del órgano electoral ante al uso abusivo de los bienes públicos.
Tanto nuestra institución, con su facultad constitucional de reglamentación, como el Poder Legislativo, con su obligación de armonizar las leyes orgánicas con la Constitución, han incumplido el mandato de garantizar la integridad de las elecciones. Como si se tratara de un concierto, Inexplicablemente, mientras el Poder Legislativo ha mantenido engavetado el proyecto de reforma de la Ley Electoral, la JCE se ha cruzado de brazos en cada proceso, bajo el injustificado argumento de que sin la referida reforma le resulta imposible garantizar la equidad en las elecciones.
Tal y como se pudo comprobar en el pasado proceso electoral, nuestros partidos políticos requieren de una urgente democratización, tampoco se ha aprobado la Ley de Partidos y, por vía de consecuencia, cumplido con la concreción del artículo 216 de la Constitución, que establece que el funcionamiento de los partidos debe sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia.
La reglamentación y fiscalización por parte de la JCE de los procesos internos de los partidos, pudo haber evitado muchos de los conflictos que terminaron dividiendo a algunos de ellos y creando las condiciones para el deterioro del Sistema de Partidos y el surgimiento de un partido hegemónico.
Frente a la decisión de las élites partidarias de detener las reformas políticas por conveniencia coyuntural, en cada campaña electoral, desde la del 2008, sometí proyectos de reglamentos para las campañas electorales, al igual que para los procesos de escogencia de los candidatos a cargos de elección popular y de dirección de los partidos.
Pero el grado más alto de la falta de institucionalidad política, sin dudas, se manifestó cuando faltando por aprobarse, producto de la Reforma Constitucional del 2010, la mayoría de las leyes orgánicas, la Asamblea Nacional Revisora proclamó, el 13 de junio del 2015, la reforma de la Constitución, con el único objeto de restablecer la reelección presidencial.
La sociedad civil y la comunidad política, en su gran mayoría, guardaron silencio. Entonces, paradójicamente, fue más fácil reformar la Constitución que la indispensable Ley Orgánica Electoral y la esperada Ley de Partidos.
Discúlpeme Ud., pero no puedo dejar de destacar como una muestra de falta de institucionalidad política su declaración del día 10 de mayo del 2016, cinco días antes de las elecciones, en la que, en su calidad secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y senador por el Distrito Nacional, hizo pública la promesa de ratificarnos en nuestros cargos, a los miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE), en caso de que, tal y como aconteció, su partido ganara las elecciones.
Esta inaceptable promesa, expresada por Ud., que como presidente del Senado le corresponderá encabezar la sesión en la que serán escogidos los nuevos miembros titulares y sus suplentes, en el momento culminante de la campaña electoral, es una de las razones por las que bajo ninguna circunstancia puedo aceptar ser ratificado como miembro titular de la Junta Central Electoral.
A propósito de que la Cámara de Senadores tiene la atribución de elegir a los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral, le corresponde también, debido a la inexistencia de un procedimiento legal, determinar la forma en que se hacen las designaciones de los mismos. Esta falencia de la Ley Electoral, relativa al procedimiento de elección, debe ser subsanada en la reforma que está pendiente de conocimiento en el Congreso Nacional.
Sin embargo, la ausencia del procedimiento legal no debe ser aprovechada por un partido cuando cuenta con las dos terceras partes de los senadores, como ocurre actualmente, para designar arbitrariamente al presidente y a dos o más miembros de la JCE, con el propósito de tener un control absoluto del órgano. En caso de hacerlo, vulneraría el espíritu del artículo 212 de la Constitución la Constitución Política que configura a la Junta Central Electoral como un órgano colegiado.
La razón por la que la Junta Central Electoral desde su fundación, el 12 de abril de 1923, ha sido un órgano colegiado, radica en el hecho de que sus decisiones deben estar fundamentadas en el libre debate de las ideas y no en la imposición de estas, que es lo que ocurre cuando un partido cuenta con una mayoría mecánica en el pleno.
Precisamente, como consecuencia del cuestionamiento a la organización de las pasadas elecciones, sobre todo en lo concerniente al escrutinio, los partidos políticos de oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil han demandado, con gran consistencia, la sustitución de nosotros los miembros del pleno.
Esto quiere decir que el liderazgo político que es, al final de cuentas, quien designa a los miembros y suplentes del órgano electoral, estará acompañado del reclamo de la sociedad hasta el momento en que sean escogidos los referidos funcionarios.
Es justo reconocer que la sociedad tiene razón de estar preocupada, por el motivo de que cuando un órgano electoral colegiado es conformado con miembros o compromisarios de uno de los partidos, además de perder su independencia, en los hechos, se transforma en unipersonal, motivo más que suficiente para que la designación de los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral, se fundamente en la competencia profesional y la solvencia moral y no en los vínculos partidarios.
Por todo lo antes expresado, le agradeceré excluir mi nombre de cualquier propuesta que tenga por objeto mi elección como miembro del órgano para el período 2016-2020.
Finalizo expresándoles mi agradecimiento a usted y a los demás senadores que con sus votos me brindaron la oportunidad de servirle al pueblo desde este órgano supremo electoral.
