La Procuraduría General de la República someterá en las próximas horas al juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia que llevará el caso Odebrecht, el expediente contentivo de las acusaciones sobre soborno admitido por la constructora brasileña, según reveló anoche a Listín Diario una fuente cercana a la investigación.
El juez Francisco Ortega Polanco fue designado el pasado viernes por la Suprema Corte de Justicia para instruir el caso.
Según la fuente, las primeras diligencias procesales podrían ser sometidas al juez mañana lunes o el próximo martes.
“La Procuraduría tratará de hacer las solicitudes el lunes, si el tiempo lo permite. El proceso es largo y todo debe estar bien sustentado”, argumentó la fuente.
Entre las solicitudes de diligencias procesales, estarían las órdenes de allanamientos y detenciones de los presuntos implicados en el caso.
“Estamos trabajando 24-7. Entendemos que a más tardar el martes podríamos comenzar a depositar las instancias al juez de la instrucción especial”, acotó la fuente.
El pasado viernes, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la designación de Ortega Polanco, como juez de la instrucción Especial del caso Odebrecht.
El juez Ortega, de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, de lo Contencioso Administrativo y lo Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, deberá ser apoderado de cualquier diligencia que requiera el Ministerio Público en torno al caso.
El apoderamiento del juez se produce en momento en que personal de mantenimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional, de manera sorpresiva e inesperada, realiza el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
El caso
Desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló, en diciembre pasado, los documentos sobre los presuntos sobornos que Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina, el escándalo no ha parado.
Las fiscalías y procuradurías de los países señalados avanzan en investigaciones y día a día se conocen nuevos desarrollos, así como los nombres de funcionarios gubernamentales y empresarios implicados, en el mayor caso de corrupción panregional del que se tenga registro en las historias de las naciones salpicadas.
El caso se destapó por primera vez en marzo de 2014 con una investigación de menor porte de una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil, que condujo la mirada hacia Petrobras, la estatal petrolera brasileña.
Según avanzan las investigaciones en Brasil han ido saliendo los nombres de los implicados en cada nación en las que operaba Odebrecht; en República Dominicana llegaron el pasado 19 de este mes en medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público al respecto.
Aunque los nombres no han sido dados a conocer de manera oficial, han sido filtradas varias listas en las que figuran funcionarios, legisladores y hasta empresarios.
El hecho de que el juez que tendrá a su cargo la instrucción del caso, haya sido escogido de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, indica que en la lista de implicados habrá legisladores o ministros, los cuales cuentan con jurisdicción privilegiada al momento de responder ante los tribunales la imputación de algún hecho.
Los preparativos
Mientras avanzan las investigaciones, el personal de la fiscalía del Distrito Nacional inició el pasado viernes el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
La acción es relacionada a las expectativas de que en cualquier momento la Procuraduría General de la República podría solicitará a un juez la prisión preventiva de los implicados en el caso de los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht.
Todavía ayer el personal de mantenimiento limpiaba, pintaba y adecuaba el recinto carcelario que alberga de manera provisional a los imputados en espera de medida de coerción, o con juicio pendiente de conocimiento en esa jurisdicción. Los empleados pintaban de blanco las paredes del pasillo, ubicado en la cuarta planta del edificio, así también realizaban la corrección de los sistemas eléctricos y sanitarios.
Perfil del juez
Francisco Ortega Polanco nació el 20 de octubre de 1969, en el paraje de Los Caños, Jamao Afuera, en Salcedo. En 1988 inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), recibió su título de licenciado en Derecho en 1993, con honores “Cum Laude”. Cursó maestría en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España, y el Instituto Global en 2014; Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales por la Université París I Panthéon-Sorbone y el Instituto Global (en curso). Desde muy joven ejerció el periodismo en El Caribe, 1987-1992; periódico Hoy, de 1992-1998, y fundó en 1993 el espacio “La Esquina Joven”. En el 2000 se incorpora como docente en las universidades PUCMM, UNIBE y UNPHU impartiendo las asignaturas de Derecho Penal Especial, Derecho General, Principios Generales del Derecho y Derecho Comercial. Su carrera la ha ejercido en el sector público del Distrito Nacional: Abogado asistente del Procurador General de la República, 1995; Procurador Fiscal Adjunto del DN 1996-1998; juez de Instrucción del DN 1998-2001; juez presidente de la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2001-2003; juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2003-2005; juez miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 2005-2012; Juez Presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del DN 2012. Es actualmente miembro de la Tercera Sala o de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y lo Contencioso-Tributario de la Corte Suprema.
Caso PEME
Fue el entonces juez de la primera Sala Penal del Distrito Nacional, Francisco Ortega Polanco, quien otorgó la libertad provisional bajo fianza a los dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, acusados por el alegado desfalco al Estado en la ejecución del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME).
La decisión fue ratificada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada en ese entonces por los jueces Miriam Germán Brito, quien la presidió; Manuel Hernández Victoria y Wendy Martínez Mejía, por considerarla justa.
