En una declaración pública sin precedentes recientes y reforzada por una entrevista difundida esta semana, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó su preocupación por lo que considera una creciente estructura informal de difamación y extorsión mediática, amparada en el uso de plataformas digitales, sin controles editoriales ni compromiso con la veracidad.La funcionaria, con más de dos décadas en el servicio público, denunció que estos patrones de actuación no solo afectan a figuras públicas, sino que están generando un impacto emocional y familiar profundo en las personas señaladas en estas campañas.
Según dijo, esta situación está disuadiendo a profesionales honestos de asumir cargos públicos por temor a ser blanco de ataques sistemáticos y no fundamentados.
"Hay muchas personas serias que no quieren ocupar un puesto público por este tipo de campañas. No se está cuestionando la capacidad, se están yendo a lo personal", afirmó Ramos en una entrevista concedida a un medio nacional.
Preocupación institucional
Durante su intervención, Ramos sostuvo que el fenómeno va más allá del plano legal. Advirtió que, si bien la mayoría de los afectados intenta defenderse a través de querellas o comunicados, el daño emocional, la presión social y el impacto sobre las familias son más graves y persistentes.
"Nos gusta hablar mucho ahora de salud mental. Pues aquí hay personas con hijos, con padres, que sufren sin tener que ver con lo que se está diciendo", comentó. Citó, como ejemplo, casos recientes que involucran a funcionarios y funcionarias con hijos en edad escolar, quienes han sido expuestos a burlas o presiones por lo que circula en redes sociales sobre sus padres.
Denuncias múltiples y respuesta judicial
Ramos aseguró que el Ministerio Público ha empezado a modificar su enfoque ante este tipo de casos, que tradicionalmente eran manejados como conflictos privados, en los que se intentaba una conciliación previa entre las partes.
En la actualidad, explicó, hay un cambio de postura, sustentado en la necesidad de detener prácticas que —según ha sostenido— ya no son esporádicas, sino estructuradas.
Entre los ejemplos, mencionó un proceso abierto por difamación y rebeldía que involucra a Ángel Martínez que, al entrar al país, fue procesado conforme a una orden judicial previa. "Solicitamos una medida de coerción, algo que no se estilaba en esos casos. Se pidió garantía económica y presentación periódica. El juez acogió el pedimento", indicó Ramos.Añadió que, a raíz de ese caso, se han producido otros procesos similares iniciados por la Procuraduría Especializada, y que existen actualmente múltiples demandas en distintas jurisdicciones del país que están siendo tramitadas de manera paralela, lo que representa un desafío operativo y procesal para el sistema judicial.
"Yo era de las que decía: no pierda el tiempo con eso. Siga haciendo su trabajo. Pero esto ha llegado a límites en que ya hay una parte cierta y una parte falsa en muchos de estos programas. Eso confunde y daña""Rosalba RamosFiscal del Distrito Nacional“
Llamado al Ministerio Público
Durante la entrevista, la fiscal confirmó que la preocupación por este fenómeno ha sido compartida y discutida entre fiscales de otras demarcaciones del país, y que los lunes se abordan temas institucionales en reuniones regulares donde esta situación ha sido reconocida como una prioridad."El Ministerio Público es uno solo. La preocupación es general, porque esto ha afectado también a miembros del Ministerio Público en diferentes momentos", dijo. Según afirmó, muchos fiscales han sido blanco de estos ataques en redes sociales, "programas que no presentan elementos de prueba, que calan en una parte de la población y confunden con medias verdades".
Límites legales a la libertad de expresión
Rosalba Ramos subrayó que la libertad de expresión es un derecho constitucional, pero recordó que también tiene límites legales, tal como sucede con otros derechos fundamentales. Explicó que en juicios penales se pueden establecer restricciones a la publicidad para proteger la dignidad de víctimas e imputados, y que esa misma lógica debe aplicarse cuando se trata del uso irresponsable de medios digitales.
- "Usted puede decir lo que entienda, pero debe tener el elemento de prueba. No es solo el qué, también es el cómo", sostuvo. "La dignidad nunca puede estar negociada en ningún escenario", agregó.
Reconoció que en el pasado optaba por ignorar estos casos, pero que la situación ha cambiado. "Yo era de las que decía: no pierda el tiempo con eso. Siga haciendo su trabajo. Pero esto ha llegado a límites en que ya hay una parte cierta y una parte falsa en muchos de estos programas. Eso confunde y daña".
Declaración escrita: "Vamos a actuar"
El mismo miércoles, 30 de julio, la fiscal publicó un espacio pagado en el periódico El Nuevo Diario, en el cual se dirigió formalmente a la opinión pública.
En ese documento reafirmó lo dicho en su entrevista, y declaró que el Ministerio Público ha identificado un patrón de conducta que configura posibles esquemas de chantaje sistemático, así como el uso de plataformas mediáticas como mecanismo de presión ilegítima.
"El Ministerio Público no permanecerá indiferente", escribió Ramos. "Nuestro rol no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas, y las palabras en mecanismos de coerción, el Estado debe responder. Y así lo haremos".
En el comunicado, la fiscal pidió a los gremios de comunicación y a la ciudadanía contribuir a restaurar la ética en el debate público y evitar la conversión del ejercicio periodístico en instrumento de extorsión o descrédito.
Medidas legales y querellas en curso
En el plano procesal, Ramos confirmó que hay acciones judiciales en marcha por parte del Ministerio Público, que incluyen solicitudes de medidas de coerción, audiencias de conciliación y presentación de acusaciones.
Uno de los casos recientes fue presentado por el abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara, quien interpuso una querella por difamación. Ramos indicó que ese proceso está en etapa preliminar y que su curso podría seguir la misma línea de otros ya judicializados.
También explicó que hay procesos en distintas jurisdicciones (Santiago, Mao, Distrito Nacional), y que, aunque no existe cúmulo de penas en el país, los jueces de ejecución coordinarán el cómputo en caso de condenas múltiples.
"Lo que sí es diferente es la parte económica. Si un juez falla por una demanda de cinco millones en Santiago y otro de diez millones en el Distrito, esos montos van dirigidos a cada víctima en particular", explicó.
Ramos concluyó que ya han empezado a actuar y que continuarán haciéndolo, "dentro del marco de la ley".
Afirmó que los casos seguirán procesándose con base en pruebas, que las audiencias de conciliación se mantendrán como procedimiento previo, y que el Ministerio Público no tolerará el uso de las redes como instrumento de coerción o ataque ilegítimo.
"Esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción", reiteró la fiscal.
