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miércoles, 11 de noviembre de 2009

SANTO DOMINGO.-La Secretaría de Administración Pública (SEAP), anunció este lunes que ya tiene listo el Anteproyecto de Ley General de Salarios para el sector público, cuyo propósito es definir una política salarial coherente en el sector, en la cual los funcionarios del tren gubernamental no tengan un salario más elevado que el presidente de la República.
Ramón Ventura Camejo, secretario de Administración Pública, dijo que el objetivo de la ley es establecer las normas y procedimientos para la creación, clasificación y supresión de los cargos en las instituciones públicas.
El funcionario dijo que el anteproyecto de ley fue entregado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, para que éste a su vez, lo remita al Congreso Nacional para su conocimiento y aprobación.
Según se informó, el anteproyecto de ley establece un sistema de administración de la compensación para remunerar a todos los servidores públicos, a la vez que permita retener el personal idóneo para el logro de los objetivos de las instituciones.
De igual manera, establecer un mecanismo para el otorgamiento de incentivos a los servidores que demuestre rendimiento, así como fomentar la transparencia, la equidad y competitividad como principios éticos del sistema.
Por otro lado, el titular de la SEAP, dijo que una vez puesta en vigencia la ley sobre salarios quedan suprimidos los puestos de subsecretarios de Estado sin atribuciones específicas.
Además, con la aprobación y entrada en vigencia de la ley queda prohibida la asignación y el uso de tarjetas de crédito, exceptuando al presidente y al vicepresidente de la República.
Igualmente, establece que ningún funcionario percibirá un salario mayor al establecido para el presidente de la República, ni ningún funcionario o servidor público devengará un salario mayor que el percibido por el titular de la institución que se trate.
Sin embargo, los altos cargos sólo tendrán derecho a servicios de comunicación móvil, vehículo oficial, combustible, chofer, seguro de salud y vida, seguridad personal y gastos de representación.
Ventura Camejo sostuvo que el anteproyecto de ley fue trabajado durante dos años con un aporte de la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).