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jueves, 17 de junio de 2010

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que arropa a más de 600.000 periodistas de 125 países de todo el mundo, calificó como muy grave y preocupante la medida que un juez penal dictó contra el periodista venezolano Francisco "Pancho" Pérez, a quien además de condenarlo a 3 años y nueve meses de prisión, lo inhabilitó profesional y políticamente y lo multó con una suma equivalente a 20 mil dólares.
"Se trata de una sentencia brutal e inaceptable que tiene pocos precedentes internacionales, pues contiene cuatro sanciones en una. Rechazamos enérgicamente este nuevo caso de manipulación de la justicia en Venezuela dirigida contra las voces críticas de las ejecutorias del funcionariado público", expresó Aidan White, Secretario General de la FIP.
La FIP mantiene gran preocupación por el clima hostil en que continúan desarrollando su trabajo medios y periodistas. Entre los hechos más recientes destacan la detención del reportero gráfico Simón Clemente, del diario 2001, el 23 de mayo por ejercer su trabajo frente a la casa presidencial en Venezuela, lo considerada "zona de seguridad".
De la misma manera, condenó el lanzamiento de bombas incendiarias contra la sede de los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder, ubicados en la Torre de la Prensa, en Caracas, lo cual por fortuna no dejó daños que lamentar, pero que constituyen un hecho que evidentemente se inscribe en la intención de intimidar a la prensa libre.
Asimismo, la FIP mostró preocupación ante la averiguación abierta contra los reporteros Carmen Marín de Finol y Yunior Lugo, del diario La Mañana, de Coro, quienes reportaron la presunta incineración de lotes de comida descompuesta en la zona
de Tiguadaré, estado Falcón y están siendo llamados a declarar sobre esa cobertura, que las autoridades locales señalan como un montaje.
Y sigue con especial preocupación las acciones que puedan afectar la operatividad de Globovisión, a cuyo propietario, Guillermo Zuloaga, se le ha dictado medida preventiva de detención, señalado por supuestas prácticas comerciales ilícitas, no relacionadas con el medio de comunicación, pero que el empresario señala como parte del asedio y las presiones que el Gobierno venezolano ha mantenido sobre el canal desde hace varios años.
AMENAZAS A LA LLANERA
Los periodistas Walter Obregón y Tarquino González del diario La Noticia de Barinas fueron amenazados por la directora de Salud, Seham Yamoul, quien pidió a la Fiscalía que abriera una investigación en su contra por publicar una noticia sobre 40 mil kilos de carne supuestamente dañados.
El pasado martes a Obregón se le impidió, por orden de una sargento, la entrada a la Circunscripción Militar para entrevistar a unos barineses damnificados y para verificar su situación.
La directora de Desarrollo Social, Marisela Cornejo, solicitó a los medios sensibilizar a la colectividad para que colabore con estas familias, en vista de que ayer se haría un radio maratón para recaudar fondos.
“El 60 % de esa población de damnificados son niños. Sólo quería que vieran que estas personas están siendo atendidas”, explica Obregón. Los funcionarios alegaron que era una institución militar y que no se podían hacer fotos, ni siquiera de la fachada.
El periodista interesado en obtener información de los planes de vivienda ofrecidos a los damnificados acudió al Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios de la gobernación de Barinas.
El presidente de la institución, Giovanni Benaventa, dijo a su secretaria que no lo iba a atender. “Se la pasan con el tema de la manipulación y nos llaman activistas de la oposición. Pero vamos a buscar información y no nos dejan pasar o no informan”, señala Obregón.
Lamentablemente este tipo de actuaciones son normales en el estado llanero. El impedimento para llegar a la información pública, amenazas de muerte o de prisión e insultos son situaciones con las que tienen que lidiar regularmente los periodistas barineses.