Precisó que a pesar de que judicialmente no puede ser condenada por falta de pruebas ya la sociedad “la ha condenado y la ha sepultado viva” por las informaciones que se han vertido en su contra y la situación de inseguridad que vive con su familia.Por: Michael Monegro
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La fiscal adjunta de la provincia Santo Domingo Lucía Florentino calificó como una persecución en su contra la suspensión de la que fue objeto, tras ser acusada de apropiarse de una porción de narcóticos en un operativo que encabezó junto a agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Declaró que ha sido blanco de difamación por parte del juez Julio César Castro Castro, quien dijo, sin pruebas, que la magistrada es reincidente en la práctica de adueñarse de drogas que se incauta en los allanamientos.
“Al doctor Julio César Castro Castro le he puesto una querella por difamación e injuria ante la Suprema Corte de Justicia porque ser reincidente es una persona que haya sido condenada y yo no he tenido ni una tacha ni amonestación en los cinco años que llevo de carrera en el Ministerio Público”, reveló.
Al ser entrevistado en el programa El Despertador que se transmite por Antena Latina, Florentino narró que el pasado cinco de mayo allanó una vivienda en Alma Rosa donde decomisó un paquete de un alucinógeno, del cual desconoce el peso y sobre el que se dice era de15 kilos.
Explicó que cuando llena un acta sólo escribe la cantidad de paquetes incautados y no el peso de la sustancia, ya que esa labor le corresponde a la DNCD y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Recordó que el día del allanamiento en la zona oriental el imputado y el oficial que le acompañaba certificaron que sólo se trataba de una porción de droga, por lo que señaló el magistrado Castro no tiene pruebas para demostrar lo contrario.
Señaló que fue llevada a la justicia ordinaria, cuando en realidad lo que procedía era un juicio disciplinario, al cual la quieren someter tras serle dictada medidas de coerción.
Precisó que a pesar de que judicialmente no puede ser condenada por falta de pruebas ya la sociedad “la ha condenado y la ha sepultado viva” por las informaciones que se han vertido en su contra y la situación de inseguridad que vive con su familia.
