Pedro Cruz , izquierda, Raúl Rodríguez, centro, y Julio Muñoz, derecha, se encuentran con orden de deportación y en libertad supervisada.ALFONSO CHARDY
Julio Muñoz, que llegó durante el éxodo del Mariel en 1980, fue condenado en diferentes ocasiones por un total de 23 meses. Sin embargo, después de haber cumplido sus condenas, pasó tres años bajo la custodia de las autoridades de inmigración y un juez lo declaró deportable.
Muñoz, de 54 años, fue liberado en el 2005, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los refugiados del Mariel convictos en este país no podían permanecer detenidos indefinidamente sólo porque era imposible deportarlos a Cuba.
Ahora Muñoz, al igual que muchos otros cubanos con órdenes de deportación, podría encarar de nuevo la detención indefinida si triunfa en el Congreso un proyecto de ley. Según activistas a favor de los inmigrantes, dicha ley permitiría a las autoridades de inmigración detener por largo tiempo a cubanos con antecedentes penales y órdenes de expulsión.
“Si me detienen otra vez, prefiero quitarme la vida”, dijo Muñoz.
Ese es un sentimiento compartido por otros dos refugiados del Mariel entrevistados el pasado jueves en Camillus Health Concern, una clínica para pobres y desamparados.
“Bueno, si me ponen esa detención otra vez, yo creo que me ahorcaría”, dijo Raúl Rodríguez, de 53 años. “Es como si pones un pajarito en una jaula, se muere de tristeza”.
Los activistas comentan que el proyecto tiene posibilidades de ser aprobado. Su promotor es el influyente representante republicano de Texas, Lamar Smith, presidente del poderoso Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y arquitecto de leyes que endurecieron el control migratorio en 1996.
Según los activistas, el proyecto le devolvería al Departamento de Seguridad Interna (DHS) la capacidad para detener indefinidamente a extranjeros con récords delictivos hasta que pudieran ser deportados. El dictado de la Corte Suprema estableció un período máximo de detención de seis meses para hacer los trámites de deportación. El proyecto de Smith otorgaría al DHS autoridad para retener a un extranjero más de seis meses si las autoridades de su país no aceptan su retorno.
El proyecto de Smith no menciona específicamente a los cubanos, pero los activistas dicen que éstos constituyen uno de los mayores contingentes de extranjeros que no pueden ser deportados.
Un miembro del personal del Comité Judicial de la Cámara dijo que la medida no estaría dirigida contra todos los cubanos deportables, sino contra “inmigrantes criminales peligrosos que no pueden ser deportados” sean o no cubanos. Precisó que en todo caso la detención sería “prolongada”, más no indefinida, y que afectaría principalmente a “asesinos, violadores y abusadores de niños”.
El proyecto no menciona delitos específicos, sino “delitos mayores con agravantes”, que en virtud de las leyes de inmigración incluyen los delitos por drogas. Agregó el citado miembro del personal del Comité que el proyecto no tendría carácter retroactivo. Pero los activistas indicaron que las autoridades de inmigración podrían detener a extranjeros con órdenes de deportación emitidas antes de que el proyecto se convierta en ley. Una cláusula del proyecto indica que la ley se aplicaría a extranjeros con órdenes de deportación emitidas “antes, durante o después” de la fecha de promulgación.
