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viernes, 15 de julio de 2011

El ministro dijo que el 98% de llamadas al 911 fueron para molestar
SANTO DOMINGO.- El Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul advirtió que serán sancionadas penalmente las personas que hagan llamadas molestosas al Centro de Llamadas de Emergencias "9-1-1" que opera la entidad, tras deplorar que un servicio tan importante sea tomado como un juego.


Destacó que ya cuentan con el sistema necesario para rastrear las llamadas y establecer sus procedencias, así como los nombres de las personas bajo los cuales están registradas las líneas telefónicas. Fadul dijo que durante el primer semestre del presente año el Centro de Llamadas de Emergencia "9-1-1" recibió un total de 653,488 llamadas, de las cuales más del 98 por ciento fueron para molestar o para dar falsas avisos de supuestas emergencias. Precisó que en las estadísticas registradas en el Call Center que opera el MIP, en el período enero-junio del 2011 de las 653,488 llamadas recibidas por los operadores, 641,002 fueron hechas para molestar, mientras que solamente 12,486 fueron hechas para reportar una verdadera emergencia y las cuales fueron transferidas a los organismos correspondientes. Refirió que el 911 "es un servicio que ofrecemos a la ciudadanía y cada día nos empeñamos en que sea más eficiente y por eso hay que sancionar a las personas que utilizan este servicio para molestar e insultar a los operadores porque esas llamadas molestosas congestionan la central telefónica e impiden la comunicación a personas con emergencias reales. Al mismo tiempo informó que se está trabajando en un proyecto para modernizar el servicio del 9-1-1 y lograr que todas las llamadas hechas a través de las diferentes compañías telefónicas sean recibidas por una sola Central de Operación y de ahí se transfieran a las instituciones de emergencia que corresponda en cada caso. El funcionario se refirió al tema en referencia a los trabajos que realiza la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que el pasado jueves discutió con representantes de organismos de la seguridad pública y de las empresas del sector telefónico la aplicación de sanciones económicas y penales a quienes abusen del servicio de emergencia del número 911.