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sábado, 23 de julio de 2011

Guido Gómez Mazara y Víctor Céspedes.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Según los cables Wikileaks publicados por el Grupo SIN para el 2 de marzo de 2004 el embajador de Estados Unidos en el país Hans Hertell envió un cable al Departamento de Estado, en el cual hacía referencia a su interés de que el presidente Hipólito Mejía destituyera a cuatro funcionarios de su Gobierno, por sospechas de que habían incurrido en el trafico y en actos de corrupción.


Los funcionarios señalados eran el Consultor Jurídico de Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara; al embajador en Argentina, Cirilo Castellanos; el director de Migración, Miguel Vásquez; y al Procurador General de la República, Víctor Céspedes.
“Vásquez continúa en su puesto pero Mejía le dijo al embajador que lo quitará pronto; el procurador general Céspedes sigue en su puesto pero en respuesta al embajador DEMARCHE? Mejía le dijo al embajador que se iría pronto; Mejía ofreció la información sobre que estaba trayendo al país al embajador en Argentina; Gómez dejó el puesto para hacer campaña, se reporta que entregó su carta de renuncia el 1ro de marzo”, expresa el cable.
Noticias SIN confirmó con la embajada de Estados Unidos que a Miguel Vásquez le fue retirada la visa norteamericana. No obstante, exceptuando el caso de director de Migración, el cable no entra en detalles sobre los hechos en que habrían incurrido Gómez Mazara y Castellanos.
Otro cable del 30 de agosto del 2004, el ex embajador Hertell solicita al Departamento de Estado la revocación de la visa del ex procurador general Víctor Céspedes, ya que este funcionario “tiene un récord de liberar conocidos narcotraficantes”.
El diplomático detalló que Céspedes ordenó la salida de prisión del ex cónsul dominicano en Haití, Ormis Freddy Peña Méndez, quien fue arrestado en 2002 junto a otras personas mientras traficaba con casi 43 kilogramos de cocaína desde Haití a Santo Domingo.
El cable señala además que, apenas horas antes del cambio de gobierno, la Oficina del Procurador General ordenó que la prisionera Maritza Aquino, acusada de llevar 129 bolsitas de heroína en su estómago, fuera liberada por asuntos médicos.
Sobre estos casos le información indica que para el 26 de agosto, el nuevo Procurador General, Francisco Domínguez Brito, ordenó la vuelta a prisión de Peña y Aquino y anunció que se haría una investigación oficial sobre la liberación de prisioneros.
En otro cable de Wikileaks suministrado a Noticias SIN, Hertell informa sobre los compromisos de Víctor Céspedes sobre agilizar los pedidos de extradición, pero en la práctica los Estados Unidos dudan de su trabajo.
“El Procurador Céspedes tiene una dudosa reputación. Hasta que el asumió el cargo de Procurador no existían casos en los que un fugitivo arrestado fuera liberado en vez de enviarlo al gobierno estadounidense. Nos ha engañado en el pasado y pensamos que ha mentido directamente”, expresa el documento.
El representante norteamericano en el país también le cuestionó a Víctor Céspedes la puesta en libertad de la extraditable Josefina Rojas, sin que los funcionarios de la embajada recibieran un aviso oficial o una explicación sobre su liberación.
Además, la orden de extradición firmada por el presidente Hipólito Mejía no se hizo pública hasta que Rojas fue vuelta a arrestar.
Según el informe, Céspedes declaró que Rojas fue liberada debido a que ella sería juzgada dos veces si regresaba a Estados Unidos, pero cuando se le preguntó más extensamente expresó que fue liberada debido a enfermedad y por razones de humanidad.
El Procurador dijo que la mujer tenía un tumor que debía tratarse y que ella sería entregada al gobierno estadounidense luego de recibir tratamiento, pero los contactos policiales especularon que Céspedes la liberó porque se había desarrollado una relación personal entre Rojas y él.
Luego de Rojas ser liberada, los contactos policiales le reportaron a los agentes del DEA que ella regresó a la prisión donde había estado encarcelada para provocar a los otros prisioneros.