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miércoles, 28 de septiembre de 2011

Leonel Fernández, en la puesta en circulación segunda edición de su libro titulado “El Delito de la Opinión Pública”
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Leonel Fernández planteó anoche la necesidad de que se elabore y apruebe una ley complementaria para regular todo lo relativo a las informaciones que deben ser dadas a la opinión pública por parte de las instituciones del Estado.

Fernández hizo el planteamiento en la puesta en circulación de la segunda edición de su libro titulado “El Delito de la Opinión Pública”, actividad auspiciada por la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y realizada en el Centro Cultural del Club Mauricio Báez, del sector Villa Juana.

La segunda edición de la obra, corregida y ampliada, fue comentada por los doctores Flavio Dario Espinal, ex embajador de República Dominicana en Estados Unidos, y Marco Herrera, director de FUNGLODE.

El jefe de Estado consideró que en los últimos años se evidencia una tendencia a restringir el ejercicio de la libre expresión del pensamiento, debido principalmente a la amenaza del terrorismo.

Fernández recalcó que en países como Francia, Italia, Alemania y otros existe una tendencia muy marcada a restringir la libertad de expresión y difusión del pensamiento por intolerancia religiosa y otras razones, por lo que propuso buscar alternativas para que las prerrogativas fundamentales de los ciudadanos no sean afectadas de manera significativa.

El mandatario indicó que aunque no figura en una clasificación de los denominados delitos de prensa, el delito de opinión pública es una realidad del mundo jurídico.

Precisó que ese delito surgió durante la ocupación militar de Estados Unidos del 1916 al 1924, cuando mediante orden ejecutiva se estableció la prohibición de publicar informaciones que hicieran referencia a la revolución bolchevique.

COMENTARIOS

Al comentar la obra, el intelectual Flavio Darío Espinal dijo que el libro constituye un gran aporte a la discusión sobre la libertad de expresión y el pensamiento en el país, tras calificarlo como interesante y actualizado.

Espinal manifestó que la obra servirá de referencia a las instancias judiciales del país, principalmente al Tribunal Constitucional que está en fase de conformación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Explicó que el documento es compatible tanto con la nueva Constitución de la República como con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, iniciativas impulsadas por el presidente Fernández.

De su lado, Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE, comunicó que el libro del presidente Fernández es de mucha trascendencia y simbolismo para la entidad que dirige, de la que el mandatario es presidente honorífico.

Herrera sostuvo que se trata de una obra multidisciplinaria y de carácter pedagógico que presenta de una manera entendible el complejo mundo de la comunicación.

SU TESIS DE GRADO

“El Delito de Opinión Pública” constituyó la tesis de grado del doctor Fernández en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Constituye un esfuerzo por sistematizar, desde una perspectiva sociológica y jurídica, el papel de la ideología en el derecho de la información”, afirma el autor.

Fernández manifiesta en el prólogo de la nueva obra que ésta ha sido corregida y ampliada en casi todos sus capítulos, y que su publicación obedece en parte a la solicitud de diversos amigos que a lo largo del tiempo le pedían que se animara a realizar otra tirada, porque resultaría útil para una nueva generación de juristas y comunicadores.

Con la publicación de la misma, que abarca XII capítulos, divididos en tres partes, el gobernante renueva sus aportaciones en el ámbito académico, particularmente en el terreno jurídico, en el que ha descollado desde diferentes escenarios.

En la ceremonia de puesta en circulación del libro estuvieron presentes la Primera Dama, Margarita Cedeño de Fernández; el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; el Danilo Medina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez; entre otros directores de medios de comunicación, funcionarios públicos, legisladores, académicos e intelectuales.