La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley 36 sobre el Porte y Tenencia de ArmasEscopetas cuyos precios no sobrepasan los RD$40,000 (Fotos: R. Roberto)Ver Todas las Fotos (3) SANTO DOMINGO. Mientras el Ministerio de Interior y Policía da forma a un protocolo para hacerle frente a la ola de homicidios con un desarme paulatino de la población, los dueños de armerías(tiendas para vender armas) entienden que esa no es la opción más razonable si se deja indefenso a quien busca las vías legales para protegerse.
Ayer el ministro José Ramón Fadul se mostró consternado por los crímenes registrados en el núcleo familiar, situación que según él hay que enfrentar con un desarme poblacional, aunque no hizo referencia a las armas ilegales con las que se cometen la mayoría de los asesinatos.
Felipe Bidó, dueño de una armería que prefiere no se identifique, aseguró que cerca del 95 por ciento los homicidios registrados en los últimos meses se ejecutan con armas ilegales o con algunas que fueron previamente robadas a policías o militares.
"La fiebre no está en la sábana. El problema no está en las pistolas legales que tienen las personas serias, sino en aquellas que son traídas al país vía el contrabando a todos los niveles", precisó.
El 21 de abril pasado el Gobierno dominicano recibió de manos del secretario general de la Organizacion de Estados Americanos, José Miguel Insulza, una máquina para marcar todas las armas que entren al país, con la intención de reducir las ilegales y el contrabando en la región del Caribe.
Sin embargo, para el vendedor de armas Bruno Jiménez la solución que impida la comercialización de pistolas ilegales debe iniciar por hacerle frente al contrabando masivo.
"La delincuencia disminuirá cuando las autoridades se pongan los pantalones y decidan hacerle frente al contrabando por aire, mar y tierra. Que inicien por realizar todos los exámenes para el porte y tenencia en el mismo edificio de Interior y Policía para que vean cuántas personas no califican", enfatizó.
Hace referencia al hecho de que para adquirir un permiso se requieren estudios de laboratorios que los interesados deben realizarse fuera del Ministerio, hecho que podría prestarse para viciar los resultados y conseguir las licencias ilegalmente.
El pasado 10 de enero la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley 36 sobre el Porte y Tenencia de Armas de Fuego, para combatir el tráfico ilícito y reducir los niveles de violencia e inseguridad ciudadana.
La pieza busca restringir el uso de aquellos artefactos con capacidad de disparar ráfagas o lanzar granadas, también conocidas como armas de guerra, las cuales quedarían bajo el uso exclusivo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El pasado fin de semana un miembro del Ejército Nacional murió junto a un menor cuando manipulaba una granada en el patio de su casa. Dos menores más resultaron heridos.
Respeto a las leyes
La Ley 36 especifica que las armas ilegales incautadas deberán ser destruidas, sin embargo, esos artefactos son depurados por la Policía Nacional y asignados a sus agentes bajo su responsabilidad.
Entre 2010 y 2012 se han cancelado más de 2,000 licencias de porte y tenencia, pero hasta la fecha continúan registradas 207,000 armas legales. El decreto 309-06 prohíbe la importación de artefactos mortales a las empresas privadas, aunque esa medida no ha tenido los efectos esperados.
"Las armerías están rumbo a la quiebra. Tenía seis empleados en mi tienda y hoy puedes ver a uno que trabaja sin ajetreo. El Estado penaliza las armerías, empero, nos siguen cobrando los mismo impuestos", señaló Bidó.
Jiménez informó que actualmente las escopetas y armas largas son las que se comercializan sin problemas, en razón de que el porte y tenencia se otorgan sin contratiempos y los permisos no pierden vigencia.
Aclaró que los precios de una escopeta rondan entre los 30 y 40,000 pesos, mientras que sólo el traspaso de una arma corta sobrepasa los 80,000. Hay algunas como las pistolas Glock que el precio puede alcanzar hasta los 180,000 pesos.
Y mientras la Policía Nacional se prepara para unir esfuerzos con Interior y Policía para desarmar a la población, ciudadanos consultados adelantaron que no permitirán les quiten sus armas si reúnen todos los requisitos de lugar porque las tienen, precisamente, al no sentirse protegidos por las autoridades competentes.
