Breaking News
Loading...
miércoles, 20 de junio de 2018


“Son militares vestidos de policía, son paramilitares, los que están haciendo ataques selectivos, después de la masacre de ayer en Masaya”, dijo a Efe el presidente de la ANPDH, Álvaro LeivaAl menos 6 personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas en el ataque perpetrado ayer en Masaya por las “fuerzas combinadas” del Gobierno de Daniel Ortega, que incluyen a policías, antimotines, pandilleros encapuchados y militares de civil o con uniformes policiales, según el defensor de los derechos humanos.
El Ejército de Nicaragua oficialmente se ha mantenido al margen de la crisis que ha cobrado unas 200 vidas en Nicaragua, pese a los rumores de que apoya a Ortega con personal vestido de civil y armamento militar.
La ANPDH señaló que esta madrugada los “paramilitares” incendiaron un hotel cuyo dueño es Cristian Fajardo, miembro del Movimiento 19 de Abril-Masaya, que el lunes declaró la ciudad, ubicada a 29 kilómetros al sureste de Managua, como “territorio libre del dictador”.
El vigilante del hotel, el anciano René Caballero, denunció que los agresores, encapuchados y armados, le dieron una paliza al expulsarlo del lugar, antes de provocar el incendio.
Leiva también confirmó que unas 20 mujeres fueron capturadas durante el ataque a Masaya, mientras protestaban haciendo bulla con sus cacerolas, y hasta ahora desconoce si fueron liberadas.
En mayo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que el Gobierno de Nicaragua contaba con “fuerzas parapoliciales”, que posiblemente realizaban “ejecuciones extrajudiciales”.
El movimiento Amnistía Internacional confirmó lo de los “parapolicías”, así como las “ejecuciones extrajudiciales”.
El presidente de la ANPDH alertó que los ataques de los “paramilitares” podrían incluir el secuestro de personas y “ajusticiamientos”.
Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.