Una comunicación de prensa de Contrataciones Públicas (DGCP) dice que la suspensión se hizo en una primera sesión, que incluyó también disponer cesar otros cuatro registros a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre.
Explica que el requerimiento el 1 de septiembre advirtió a los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
La nota de prensa no identifica a los ediles ni a los dos jueces a los que se les prohibió suplir bienes al Estado.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la administración pública, bajo el amparo de la Ley 340-06 para proceder a suspender sus registros.
“Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.
En correspondencia con este mandato de la ley, tanto el director general de la DGCP y las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez solicitaron la inhabilitación de su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución, agrega el comunicado.
