La denuncia, que ya fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas, es el producto de un año de intenso trabajo realizado por más de diez juristas coordinados por la organización, quienes cubrieron los dictámenes individuales de más de 300 víctimas, que dicen demuestran patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano.
Indica que son más de 5.000 folios de trabajo jurídico que no deja incertidumbre sobre la arbitrariedad e ilegalidad por la que pasan miles de familias, sólo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades, con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con condenas que en no pocos casos se cuentan por decenas de años.
Explica que los más de 300 casos analizados permiten determinar que los 1.077 prisioneros políticos que Cuba mantiene condenados en la actualidad han sufrido las mismas violaciones procesales y todos, sin excepción, deberían ser puestos en libertad con inmediatez.
Así mismo, que de tratarse de un Estado de Derecho, el gobierno de Cuba debería indemnizar a las víctimas de privación de libertad arbitraria, además, por las atrocidades sufridas por ellas en prisión, y también por sus familiares fuera de prisión, los cuales, dicen, han sido y son amenazados, perseguidos, hostigados, interrogados, citados, multados e incluso detenidos igualmente.
En la presentación participaron Dita Charanzová, Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Javier Nart, Miembro del Parlamento Europeo, Blas Jesús Imbroda, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de CGAE, Fernando Almeyda, Coordinador Legal Internacional de Prisoners Defenders y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
