SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al considerar que el programa creado por la Junta Central Electoral (JCE) para enfrentar la falsificación de actas de nacimiento y registros irregulares se ha convertido en una persecución contra sospechosos de tener origen haitiano, la jueza Aura Celeste Fernández pidió revisar el plan y revocar la medida en algunos casos. “Debe ser objeto de monitoreo, análisis, ponderación y decisión por parte del máximo organismo de nuestra institución, a fines de que el Pleno tome las providencias de lugar, para revertir y/o corregir las irregularidades”, indicó la jueza.
La jurista detalló que “en la actualidad toda persona con apellido extranjero, con padre o madre de origen haitiano o que se suponga de origen haitiano y cuyo registro de nacimiento no se haya hecho en el pasado conforme al nuevo criterio vigente establecido por la Ley de Migración 285-04 y validado por la Suprema Corte de Justicia, es objeto de una suspensión de la entrega de su acta de nacimiento e inmediatamente se ordena una investigación”.
De acuerdo con Fernández, dicha medida viola las garantías consagradas en el artículo 8 de la Constitución, ya que “coloca a la personas interesadas ante la imposibilidad de hacer valer, con un documento oficial, su identidad”.
Además, le impide “realizar los actos propios de la vida civil, que en la mayoría de los casos tienen carácter de urgencia, pues se traducen en la posibilidad de inscribirse en la escuela o universidad, casarse, obtener pasaporte, acceder a un trabajo”, insistió la ex coordinadora de la Comisión de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia en un misiva remitida al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.
Fernández destacó que, pese a que ya antes había presentado sus cuestionamientos al programa, no ha sido revisado y “a la fecha se ha llevado a efecto una aplicación arbitraria y desbordada de los controles preventivos y medidas cautelares contenidos en la Resolución 12-2007”.
Con base en dicha resolución, aprobada el 10 de diciembre de 2007, se ha iniciado “una cruzada indiscriminada contra las personas registradas que van a solicitar su documento de identidad y por tener un apellido raro levantan la sospecha del oficial del estado civil actuante, quien de inmediato refiere el caso para que se abra una investigación como resultado de una presunción de dolo o fraude”.
Por ello, la magistrada pidió a Castaños Guzmán que, en su calidad de presidente de la JCE, solicite a la Dirección Nacional de Registro Civil las estadísticas actualizadas sobre la ejecución de la referida Resolución 12-2007 y su instructivo de aplicación.
“Dicho reporte le solicitamos que contenga una información completa y detallada de los casos que han sido sometidos a investigación y las actas que han sido retenidas, aún provisionalmente, al amparo de esta disposición y de normas similares”, detalló la jurista.
