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jueves, 31 de agosto de 2023

 

SANTO DOMINGO.-Tres diputados dominicanos se pronunciaron de acuerdo con la preocupación expresada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Michael McCaul, por la aplicación excesiva de la prisión preventiva en la República Dominicana.

El legislador por la provincia de Santo Domingo, Juan Dionicio Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, considera preocupante que el 68% de los privados de libertad, corresponda a presos preventivos.

Recordó que preocupado por la situación, la Comisión de Derechos Humanos se ha quejado ante la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, solicitando adoptar medidas para revertir esa problemática.

Dijo que dicha Comisión tiene la lista con la gran cantidad de presos preventivos y ha determinado que a muchos se les puede conocer sus procesos estando en libertad

De su lado, Amado Díaz dijo que censura el exceso de prisión preventiva, considerando que se trata de una situación bastante preocupante.

Dijo que lo expuesto por el senador estadounidense es hacerse eco de los cuestionamientos que ciudadanos han estado haciendo a  decisiones del órgano persecutor del delito, de imponer la medida de coerción más severa como lo es la prisión preventiva.

Mientras, el diputado Sandro Sánchez, vice vocero del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión de Disciplina, entiende que el Congreso de EE.UU. tiene derecho a estar pendiente sobre los procedimientos contenidos en el  Codigo Procesal Penal dominicano, en lo relativo a la prisión preventiva.

Dijo que si bien la prisión preventiva es una de las siete prerrogativas que contempla el CPP para que un juez de atención permanente pueda emitir una decisión en torno a un imputado, dicha medida debería ser la excepción y no la regla.

Sobre la solicitud de McCaul al Congreso de Estados Unidos para que se investigue la prisión preventiva en República Dominicana, se hace hincapié en el caso específico en contra de ciudadanos y residentes estadounidenses.