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martes, 15 de octubre de 2024


 Continúan en aumento los casos de intoxicaciones por pesticidas en las escuelas del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El lunes varios estudiantes y maestros de la Escuela Luis Basilio Ortega, ubicada en el distrito municipal de Cenoví, se vieron afectados por pesticidas rociados en las parcelas que se encuentran en los alrededores del centro educativo.

Asimismo, los residentes del sector también sufrieron afecciones por la sustancia.

Casos recientes

El pasado 25 de septiembre, al menos 12 estudiantes de la escuela Juan Antonio Alix, en el distrito municipal de Cenoví, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, resultaron intoxicados, luego de que fueran lanzados pesticidas en las inmediaciones del plantel en horario de clases.

Al centro educativo se presentó una ambulancia del sistema de emergencias de San Francisco de Macorís, para dar asistencia a los alumnos, docentes y personal de apoyo y administrativo que también resultaron intoxicados.

Asimismo, el 10 de septiembre, estudiantes y docentes de esta escuela se vieron afectados por esta situación.

Mientras que el 18 de septiembre, estudiantes y docentes del Centro Educativo Gastón Fernando Deligne, también fueron víctimas de intoxicación por la misma causa.

El 3 de octubre fue reportada la intoxicación de una estudiante y dos maestras de la Escuela Ana Celeste Fernández.

Las maestras debido a su estado de salud fueron hospitalizadas en un centro médico privado, mientras que la estudiante recibió atenciones médicas en un hospital de esta demarcación.

En los alrededores de la escuela, fue encontrado un envase de pesticida, que se sospecha fue utilizado para rociar el producto que provocó la intoxicación de las afectadas.

Ante esta problemática, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Francisco de Macorís, remitió una circular en la que informó que condenan la falta de responsabilidad gubernamental por parte de los organismos del Estado, que deben velar por la salud y la vida de la ciudadanía, en este caso, de los estudiantes, docentes, personal de apoyo y administrativo de los centros educativos ubicados en entornos agrícolas.