El Ministerio Público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país.
La artista, que ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria española y otros tres de intereses -lo que no impide que se siente en el banquillo-, está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública.
El pasado miércoles, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que confía “plenamente” en su inocencia.
Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.
En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”.
