La emisora RPP informó que un líder campesino murió el 11 de enero durante los choques con la policía en la ciudad de Cusco.
«El deceso fue confirmado por la Gerencia Regional de Salud de Cusco [Geresa Cusco], desde donde indicaron que se trata de Remo Jinner Candia Guevera, de 50 años, dirigente de la Federación Provincial de Campesinos de Anta», indicó el medio.
El líder campesino habría fallecido por impacto de un proyectil de arma de fuego.
Según el medio, el fiscal local Eduardo Paulette Barbieri afirmó que ninguno de los policías tenía balas en sus pistolas y tachó de falsas las informaciones sobre un manifestante herido de bala.
La Gerencia Regional de Salud de Cusco también informó que 37 civiles y seis policías resultaron heridos después de que los manifestantes intentaran tomar el aeropuerto de la ciudad, que es el principal destino turístico del país, especialmente la ciudad inca de Machu Picchu.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo comunicó que 39 civiles habían muerto en enfrentamientos con la policía desde diciembre, otros siete habían fallecido en accidentes de tráfico y otros incidentes relacionados con el bloqueo de carreteras, además de un policía muerto.
El Departamento también informó de movilizaciones, huelgas y bloqueos de carreteras en 41 provincias, principalmente en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna, Madre de Dios, en el sureste y en la selva. También se produjeron incidentes en el centro del país, en Lima y Huancavelica, y en el norte, en Lambayeque y San Martín. Durante el día se registraron un total de 72 bloqueos en las carreteras del país.
La Fiscalía de la nación comunicó que había solicitado información al presidente del Consejo de Ministros y a los Ministerios de Defensa e Interior para llevar a cabo una investigación preliminar sobre Dina Boluarte y otros altos cargos de su Gabinete por la violencia durante las protestas de diciembre y enero.
En la ciudad de Juliaca, en el estado de Puno, donde se produjo la jornada más mortífera, la multitud despidió a las 17 personas que murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
«Dina me asesinó con balas», se lee en una placa de papel en el ataúd de Ebert Mamani Arca, que había llegado a Juliaca desde Sikuani, en el estado de Cusco. «Solo le han identificado hoy, antes era un desconocido», lamentó su familiar.
«Esta democracia ya no es una democracia», coreaban los parientes de las víctimas.
El 10 de enero trascendió que la Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones sociales.
Al menos 39 personas murieron en los choques con las fuerzas de seguridad en varias zonas del país, 17 de ellas el 9 de enero en el departamento de Puno (sur), en una de las jornadas más violentas desde que comenzaron las protestas.
El Gobierno de Perú declaró el pasado 14 de diciembre el estado de
emergencia nacional para frenar las protestas que exigen la salida de
Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones tras la
destitución de Pedro Castillo (2021-2022) a principios de ese mes.
