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viernes, 12 de mayo de 2023


 De sólo saber que el ruido les molesta, que el vecino o dueño de negocio es un inconsciente que no los deja dormir o que el Sistema 9-1-1 no acude tras denunciar los excesos, residentes del Distrito Nacional llevan meses siendo orientados sobre los alcances de la leyes de Medio Ambiente 64-00 y Prevención de la Contaminación Sónica 90-19 y hoy se dan por enterados de que excederse en los decibeles permitidos constituye un delito medioambiental que se sanciona, incluso, con la cárcel. 

Las charlas que llevó la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, en coordinación con el colectivo Vecinos Contra el Ruido, a diferentes juntas de vecinos de la capital, ha tenido un efecto positivo porque empodera a la ciudadanía sobre su derecho a vivir en tranquilidad y los pasos a seguir para formalizar una denuncia de contaminación sonora. 

De marzo hasta el pasado 10 de mayo se realizaron siete charlas a las que ha asistido Diario Libre, en su mayoría, en los sectores Renacimiento, Ensanche Luperón, Naco, Ciudad Colonial, Cristo Rey y Ciudad Real II, y la última fue realizada el miércoles pasado en Bella Vista. 

En cada charla era evidente el rostro de satisfacción de participantes que pensaban que el problema del ruido en su sector no tendría solución.

 La presencia del procurador titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Francisco Contreras, les irradia confianza y los hace creer en que no ha sido en vano el esfuerzo del colectivo Vecinos Contra el Ruido, coordinado desde hace más de un año por Andiel Galván. 

A través de Contreras y demás fiscales medioambientales, los vecinos que pasan malas noches, pudieron ver de frente a autoridades como el director de la Policía, Eduardo Alberto Then, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez y la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, y cuestionarles por el manto de impunidad con el que los llamados "ruidosos" les roban el deseado descanso por las noches y la paz durante el día. Sin embargo, pasado el tiempo y tras varias reuniones con los actores del sistema, los ciudadanos quieren un régimen de consecuencias contra los reincidentes. Entre promesas y anuncios de medidas, las barreras que impiden la persecución de este mal social no dejan de manifestarse en cada charla, el fiscal Núñez orienta, explica los procedimientos, enseña lo que dice la ley, pero advierte que la falta de recursos y el no funcionamiento de una unidad o dirección especializada de la Policía Nacional que lo acompañe en los barrios o que levante un acta de infracción en sus patrullajes, dificulta la judicialización de la mayoría de los casos de contaminación sónica. 

Por igual, el director de la Policía, Eduardo Alberto Then, reconoce el problema y admite que hasta él es afectado por la contaminación sónica. Ha delegado a patrulleros que accionan contra robos, homicidios y riñas, a perseguir el delito de la contaminación sonora. Una decisión "impopular", pero que alega "es lo único que puede hacer" hasta tanto entre en operación la Dirección Antirruido creada en marzo pasado. 

Demandan dirección 

"Un policía que va detrás de homicidas, ladrones, no le va a dar importancia a la denuncia de un ciudadano por el ruido que proviene de una fiesta, una industria, de un vehículo con una bocina kitipó en una esquina, por eso queremos que funcione la Dirección Antirruido con agentes especializados en este tema", explica Galván en reiterados encuentros. 

El fiscal Contreras indicó que desde que dejó de funcionar el Departamento Antirruido de la Policía ha dejado de recibir las llamadas actas de infracción. Su equipo de fiscales realiza operativos, señala que "hasta de madrugada" para encontrar infraganti a los negocios y personas denunciadas para poder llevar a la justicia un caso apegado al debido proceso.