Santo Domingo. – Un total de nueve colaboradores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) han sido cancelados tras detectarse irregularidades en los procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar correspondientes al año 2024, según informó la institución en respuesta a un informe preliminar emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Estos hallazgos respaldan las denuncias realizadas previamente en el programa «El Informe con Alicia Ortega«, que puso en evidencia las irregularidades en esta contratación pública.
Entre los desvinculados se encuentran peritos responsables de evaluaciones técnicas, quienes habrían tenido participación directa en las licitaciones actualmente bajo investigación. Además de estas cancelaciones, el INABIE anunció que iniciará la rescisión de unos 20 contratos con oferentes involucrados en los procesos cuestionados.
La entidad destacó que estas acciones forman parte de una serie de medidas proactivas tomadas para salvaguardar los recursos públicos y garantizar la transparencia en sus procesos administrativos.
El INABIE reiteró que ha respondido a todas las solicitudes de información realizadas tanto por la DGCP como por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, y aseguró que está en plena disposición de colaborar con cualquier requerimiento adicional de la Procuraduría General de la República (PGR).
La institución recordó que fue su propia Dirección Ejecutiva la que solicitó formalmente el acompañamiento de la DGCP y ProCompetencia para investigar las posibles irregularidades en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, 0010 y 0012.
Hasta el momento, las investigaciones no han identificado afectación de derechos ni se han recibido impugnaciones formales por parte de los oferentes, según precisó el INABIE.
Asimismo, informó que no se han realizado desembolsos económicos relacionados con los contratos denunciados, en un esfuerzo por proteger los fondos públicos.
Desde el año 2022, el INABIE ha implementado medidas de fortalecimiento institucional, incluyendo la suspensión de más de 50 proveedores, solicitudes de inhabilitación por falsificación de documentos y la instalación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento para prevenir actos contrarios a la ley.
