La jueza Yanibet Rivas también ordenó el cese de la prisión preventiva contra el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, así como de la religiosa Rossy Guzmán y su hijo Tannet Flete Guzmán, acusados en el mismo expediente.
Cáceres Silvestre, como jefe del Cusep, fue el director de seguridad del expresidente Danilo Medina durante los dos mandatos consecutivos de este (2012-2016, 2016-2020).
ARRESTO DOMICILIARIO
La magistrada varió la medida prisión a Cáceres y Núñez de Aza por arresto domiciliario, uso de grilletes electrónicos, impedimento de salida del país y sendas multas de 100 millones de pesos.
A Rossy Guzmán, conocida como ‘la Pastora’, el tribunal le impuso arresto domiciliario, el pago de una garantía de 50 millones de pesos, impedimento de salida el país y grillete electrónico.
Mientras que a Flete Guzmán, quien es cabo de la Policía Nacional, se le impuso también arresto domiciliario, impedimento de salida del país y uso de grillete electrónico.
DICE CONCLUYÓ EL TIEMPO MÁXIMO
El tribunal consideró que ha concluido el tiempo máximo para que estos acusados guardaran prisión preventiva de 18 meses.
A través de las operaciones anticorrupción Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas) imputadas de defraudar al Estado dominicano por más de 4,000 millones de pesos.
El supuesto entramado operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Este lunes, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva contra el general Boanerges Reyes Batista y el capitán de navío Franklin Mata Flores, imputados en la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Coral 5G.
NO ESTÁN CONFORMES
El Ministerio Público y los abogados de la defensa dijeron que no están conformes con la decisión de la jueza Rivas.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que dicho tribunal pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y ejerza de manera responsable su función. Se quejó de que la jueza Yanibet Rivas haya culpado a este último de los aplazamientos, los cuales no han permitido el avance del proceso.
Advirtió que el ente acusador seguirá presentando procesos a tono de la dinámica delictiva que está investigando
NO PUEDEN PAGAR GARANTÍAS ECONÓMICAS
Los abogados de la defensa afirmaron que sus clientes no pueden pagar los altos montos de la garantía económica que les ha sido impuesta.
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