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sábado, 11 de octubre de 2014

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE DE 2014

PUBLICADO POR PRENSALIBRENAGUA.BLOGSPOT.COM
Santo Domingo.- El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, (CDP), reitera su llamado al procurador general de la República y al jefe de la Policía Nacional, disponer  una investigación sobre diversos casos de supuesta “persecución” contra periodistas y productores de programas en el interior del país.
Olivo de León dijo a END que el CDP ha hecho la petición al doctor Francisco Domínguez Brito y al mayor general Manuel Castro Castillo para que “den con los responsables  y sean sometidos a la justicia”.
Citó los casos recientes de dos periodistas y tres reporteros gráficos de la provincia Hermanas Mirabal, en el cual dos periodistas y tres reporteros gráficos fueron amenazados y emplazados  a abandonar sus espacios de trabajo, como es el caso de Rafael Santos.

“Esta petición” hecha bajo alegato de “que tenían ´jarto´ y cansado a sectores de la comunidad como los comerciantes y otros, e incluso la casa de uno de los fotorreporteros que tiene un digital fue tiroteada, y éste tuvo que mudarse porque lo amenazaron de muerte acusándolo de delator”.
También a Rafael Santos, corresponsal de los periódicos Hoy y el Nacional, productor de programa de televisión “La Prensa en TV”, y Relacionista Público del municipio de Salcedo, “le tiraron varios volantes emplazándolo  a cerrar varios programas”, narró Olivo de León.
El presidente del CDP, informó que no solo Santos ha sido emplazado, sino también el propietario del canal para que lo saquen, bajo la advertencia de que si no lo hace van a sufrir las consecuencias y le amenazan de “emprender acciones en su contra”.
Olivo de León  dijo que las amenazas llegan a través de volantes que supuestamente están firmados por el Movimiento Duartiano, o Frente Amplio de lucha Popular.
“Cuatro son las instituciones firmantes, pero todas se desligan y cuando se realizan  las indagatorias dicen que no tienen nada que ver”.
Dijo que otras provincias donde el atropello a la clase periodistas es evidente por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas, son Puerto Plata, La Vega y Santiago “donde los agentes de la DNCD agreden, maltratan a periodistas sin cometer delito alguno”.
Narró uno de los hechos ocurrido en Santiago, donde “un periodista iba caminando por la calle, la DNCD lo agarró, lo metió en una camioneta y dos jóvenes que grabaron lo sucedido, incluyendo una embarazada, fueron llevados en la misma camioneta y fueron despojadas de sus móviles”.
Denunció que en Sosúa, Puerto Plata, la DNCD apresó un camarógrafo, “se lo llevaron y hicieron todos los operativos y luego lo soltaron”.
En el caso de los reporteros gráficos destacó que las amenazas vienen de sectores ligados al narco.
Citó a Vladimir Rodríguez, periodista miembro de la Dirección General de Comunicaciones, Dicom, quien también tiene un programa que se llama “contra todos”, “y quine recibió los mismos emplazamientos”.
EL CASO MARCOS MARTINEZ
Sobre el caso del abogado y comunicador  de Santiago, Marcos Martínez, informó que este viernes, “Marcos relató que un contingente  de 20 agentes produjeron un allanamiento en su casa materna llevándose preso a su hijo, y un fusil que posee de acuerdo a la ley 801 de junio 1978, promulgada por Joaquín Balaguer”.
Según  el comunicador, la citada ley establece que los exlegisladores tienen derecho a portar dos armas, una larga y otra corta, ambas amas dice las usa para su protección.
En su caso, supuestamente, el Ministerio Público no quiere que Marcos Martínez asuma la responsabilidad del fusil “porque tendría que dejar libre a su hijo”.
La citada ley 801 del 28 de junio del 1978, no se trata de un de permiso, “es una ley que está por encima de un permiso otorgado por el Ministro de Interior y Policía, la cual establece que los exlegisladores tendrán para su protección” y, el comunicador Marcos Martínez fue diputado en el 1986.
Según Marcos este nuevo hecho, es una carrera de persecución contra su persona, y el fusil se lo regaló el exvicepresidente de la República, Jacinto Peynado.
Finalmente, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas califica los casos citados como  “un atentado contra la Difusión del Pensamiento y los  principios constitucionales.   También, destacó el caso del periodista Rosendo Tavares de la Z-101 a quien el CDP, ofreció apoyo jurídico.
Por Lilliam Mateo/El Nuevo Diario