La magistrada encontró méritos suficientes para que la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra del congresista, tengan que discutirse a fondo en un juicio donde se determine si realmente es culpable de los cargos que se les imputan o se determine su inocencia.
En octubre del año pasado 2021, Gregorio Domínguez había solicitado a la Suprema que ordenara el archivo de la acusación del Ministerio Público y la querella que había interpuesto la señora Lucila Nelly Capellán Luna, por violación de propiedad. Sin embargo, ese pedido no prosperó.
La querella de Lucila Nelly Capellán había sido interpuesta el 11 de noviembre de 2020, en la que acusa al congresista de una presunta violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.
Capellán Luna alega que el 27 de marzo de 2020, Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, dice un comunicado de la Procuraduría.
Abuso de autoridad
Conforme a la instancia presentada por el Ministerio Público, la querellante alega que el legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y de otros que simularon ser fiscales y un juez de paz.
La querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, así como al conductor de dicho aparato, Emmanuel Williams Molina.
La versión del diputado
Durante una audiencia la semana pasada el congresista presentó pruebas y testimonios para demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada, como ha señalado el Ministerio Público, y que por el contrario es el legítimo dueño de los terrenos por los cuales ha sido enjuiciado.
En la audiencia, los abogados del congresista solicitaron a la jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta, dictar un auto de no ha lugar, es decir, poner fin a la acusación por no existir pruebas que sustenten la acusación del Ministerio Público y la acusación particular que presentó la parte privada agraviada.
Durante la exposición en la Suprema Corte de Justicia, el congresista presentó una serie de documentos que incluyen certificado de título catastral de la Registradora de Título de Puerto Plata, con el que pretende demostrar que los terrenos son de su propiedad; certificados del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los que supuestamente se establece que esa institución no ha autorizado asentamiento en los terrenos en litis, además de que el IAD no tiene derecho sobre la propiedad.
Además, la defensa del congresista aseguró que no es cierto que Domínguez haya estado presente durante los presuntos desalojos que se realizaron en los terrenos y como testigo de ello dijo que están su chofer, su secretaria, el encargado de seguridad, y un camarógrafo.
Supuestamente, estos estuvieron juntos con el congresista realizando un recorrido proselitista en Santiago, el 27 de mayo de 2020, que es la fecha en la que se produjo el desalojo. Con esto pretende demostrar que no es cierto que él y sus testigos estuvieron en el desalojo a la propiedad.
