Al finalizar la madrugada de este miércoles la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Rodríguez, el procurador fiscal Emmanuel Ramírez afirmó que la defensa del exfuncionario «no está lista para responder ante la acusación del Ministerio Público y continúa fracasando en su objetivo de entorpecer el proceso».
«En uno de sus múltiples intentos para que no se conozca la audiencia preliminar, el acusado Jean Alain Rodríguez fracasó tras argumentar ante el tribunal que el Ministerio Público no entregó varios documentaciones», pese a que el órgano persecutor «cumplió cada una de las entregas que fueron ordenadas», afirmó Ramírez.
«Esta es una muestra de que el Ministerio Público está listo para conocer la audiencia preliminar, pese a los intentos de las defensas, que no están preparadas para conocer la contundente acusación», puntualizó en declaraciones recogidas en un comunicado.
La audiencia continuará el próximo martes 2 de mayo en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La defensa del exprocurador general ha solicitado a este tribunal dejar sin efecto el arresto domiciliario que le fue impuesto en enero, tras más de 18 meses en prisión preventiva por supuesta corrupción durante su gestión.
La supuesta red de corrupción dirigida por el exprocurador manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según el Ministerio Público, que bautizó este caso como operación Medusa.
El Ministerio Público presentó en julio pasado la acusación formal respecto a este caso, que incluye a 41 imputados y 22 empresas, así como a más de 400 testigos.
En el expediente de la Operación Medusa, además de Rodríguez figuran los exfuncionarios del Ministerio Público Alfredo Alexander Solano, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Joel Rodríguez Imbert.
Igualmente, Jenny Marte Peña, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte y el exasesor Miguel José Moya.
Los acusados enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
