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lunes, 22 de junio de 2009



El organismo antinarcóticos resta importancia a la denuncia de Carlos Ramírez Ortega, quien asegura que vendía drogas para su jefe de operaciones en el nordeste, el alférez de navío Roberto de Jesús Méndez Sosa.



Pedro Jaime Fernández / Clave Digital
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana.- Las revelaciones públicas de un confeso narcotraficante que asegura que operó puntos de venta de estupefacientes para el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la región Nordeste, abrieron un conjunto de interrogantes sobre la forma en que las autoridades combaten ese delito en San Francisco de Macorís.

La tempestad se desató con las declaraciones ofrecidas por Carlos Ramírez Ortega (Carlitos IA), de 33 años, que asegura trabaja para el alférez de navío Roberto de Jesús Méndez Sosa, quien desde enero pasado ocupa el cargo de Jefe de Operaciones de la DNCD en la División regional Nordeste, que tiene asiento en San Francisco de Macorís y, además de la provincia Duarte, tiene jurisdicción en Nagua y Samaná.

El fiscal de San Francisco, Juan de Dios Rosario Santos, asegura que “equipos de la DNCD que vienen a esta ciudad se han confabulado de manera reiterada con delincuentes que se dedican al tráfico y distribución de drogas, de los que se dejan sobornar y manejar”.

Rosario Santos asegura que casos como el denunciado por el imputado se dan de manera constante en San Francisco.

“El equipo de la DNCD anterior al que tenemos ahora se fue a requerimiento nuestro, porque hicimos la denuncia ante la Procuraduría General de que también estaba en complicidad con distribuidores de drogas, o sea, que manejaba el negocio del tráfico y distribución de drogas aquí”.

San Francisco de Macorís funge como municipio cabecera de la provincia Duarte, la cual ocupa el cuatro lugar entre las demarcaciones de su tipo con mayor cantidad de cocaína confiscada por la DNCD durante 2008, con un total de 260 kilos. Le siguen La Altagracia, con 419 kilos, Santo Domingo Este, con 434.1 y La Romana, con 603 kilos.

La provincia también ocupó el segundo lugar en número de personas detenidas, con un total de 1,222 arrestos durante todo el año 2008, según la DNCD. En el Distrito Nacional fueron detenidas 2,492 personas por violación la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El escándalo

Ramírez Ortega hizo la denuncia a través de un programa de televisión local de San Francisco de Macorís. Luego, ante las cámaras de un canal de audiencia nacional se entregó a las autoridades que le perseguían como responsable de “una plantación” de marihuana, de la que el 22 de mayo pasado la DNCD confiscó tres matas de 8 pies de altura.

Las plantas fueron confiscadas en un solar ubicado al lado de la residencia del imputado, en la calle Duvergé del sector San Martín de Porres (Rabo de Chivo).

La jueza Griselda Ramona Salazar Taveras dispuso que el imputado quedara en libertad, mediante el pago de una garantía económica de RD$20 mil en efectivo, según la fiscal adjunta Juana María Brito Morales.

DENUNCIA

Debía pagar al oficial de DNCD

Carlos Ramírez Ortega asegura que decidió entregarse a las autoridades y denunciar al alférez de navío Roberto de Jesús Méndez Sosa porque el punto de venta de drogas ya no alcanzaba para satisfacer la ambición del oficial, al que estaría pagando más de RD$30 mil semanales. Asegura que los agentes mataron a un compañero suyo del mundo de las drogas que era conocido como “Paciencia”. Sin embargo, el vocero de la DNCD, Roberto Lebrón Jiménez, insiste en que carecen de validez las denuncias del confeso narcotraficante. Informó que investigaciones preliminales de los coroneles Robert Abreu Peña (Ejército), que funge como director de Asuntos Internos de la DNCD, y Roberto Bello Santos (Fuerza Aérea), inspector general, determinan que: “ese oficial (Méndez Sosa), que es uno de los más jóvenes y más correctos con que cuenta la DNCD, es víctima de una trama de este sujeto (Ramírez Peña)”. Insiste en que “por lo que diga un delincuente no se va a prescindir de los servicios de un oficial”.

La investigación sobre denuncia en contra del alférez de navío Méndez Sosa está a cargo del fiscal adjunto Huáscar Antonio Fernández Graciano. El funcionario del Ministerio Público explica que ya interrogó a Méndez Sosa, acusado por el confeso narcotraficante, y que las autoridades sólo están a la espera de la verificaciones de las llamadas telefónicas entre los celulares que habría dispuesto el oficial para manejar los puntos de drogas.

Fernández Graciano recuerda que en los medios informativos siempre se denunció que en San Francisco los miembros de la DNCD realizan los operativos antinarcóticos de manera selectiva porque están dedicados a ese crimen y al cobro de peajes.

“Pero ya, con la denuncia de Carlitos, hay una persona del mundo de la droga que se ha atrevido a denunciar que no sólo distribuye drogas, sino que lo hace porque la DNCD, en la persona del capitán (Méndez Sosa), lo apoya en el manejo y la venta de las drogas”.

Recuerda que después de hacer la delación, Ramírez Ortega acudió ante su despacho para denunciar que está recibiendo amenazas de muertes de parte de otros narcotraficantes de su barrio que, según el imputado, forman parte de la banda criminal que protegía al alférez Méndez Sosa.

El imputado se esconde en un pequeño apartamento de la ciudad junto a su pareja, una mujer joven que está pendiente del teléfono celular y de los alimentos que cuece en una pequeña estufa.
Ramírez Ortega se queja de que, pese a la gravedad de su denuncia, el alférez Méndez Sosa continúa activo en la División de la DNCD de San Francisco de Macorís.

“No se qué ha pasado, porque él sigue igualito ahí, poniendo drogas y dando golpes”, apunta. “Yo no puedo salir de aquí, tengo que estar trancado”, dice.

También teme por la suerte de su madre y de sus cuatro hijos que todavía siguen en el barrio San Martín.