
Para enriquecer a un grupito de personas, las autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales apoyan a los granceros en la extración de agregados del río Yuna, sin importar que esta fuente acuífera esté camino a desaparecer.
Decenas de vehículos pesados trabajan noche y día sacando de su cauce arena, cascajo, gravilla y piedras.

La indiferencia y la poca preocupación de nuestros representantes en los distintos estamentos del Estado, es un mensaje claro de que las autoridades locales y nacionales gobiernan para los ricos y para aquellos que son enllaves del Gobierno, y que cuando la ley se aplica es en contra de los infelices y olvidados de la fortuna.
A pesar del daño a la generación actual y a las futuras, las comunidades no protestan, y los que llegaron por el voto y la voluntad de las mayorías tienen la lengua hipotecada y vendida a éstos mismos predadores del ambiente.
Los ambientalistas creen que su trabajo terminó con la aprobación de ley 64-00, sobre medio ambiente y recursos naturales, que con esa legislación los problemas de contaminación se acabaron, porque todo está escrito y sólo basta su aplicación.
Sin embargo, en República Dominicana para los poderosos y ricos la Constitución y las leyes son pedazos de papeles, tal como las consideraba Balaguer.