La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción a los acusados de integrar una red que pagaba y recibía sobornos a cambio de adjudicar contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
“Triunfó la justicia”, gritaron los imputados en la operación Lobo, tras conocer cuál será su destino.
El juez Rigoberto Sena decidió que todos cumplan con arresto domiciliario, incluso aquellos que no acordaron con la fiscalía.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazó enviar a prisión preventiva a los que no acordaron con el Ministerio Público.
En cambio, le impuso prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.
Aun así, la decisión no satisface a algunas defensas.
De 10 imputados, cinco admitieron haber pagado y recibido sobornos. Ellos son el empresario Quilvio Rodríguez, el exgerente de seguridad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Bolívar Fernández, el coronel Andrés Pacheco Varela, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz y el teniente Welington Peralta.
Los otros cinco, es decir, el mayor general retirado del Ejército Carlos Robles, el coronel Yorbyn Eufracio, el coronel Francisco Fernández, el coronel Elías Caamaño Pérez y el coronel Luis Ernesto Vicioso, no hicieron acuerdos.
Wilson Camacho no descarta nuevos arrestos en operación Lobo
Wilson Camacho no descartó que se produzcan nuevos arrestos por este mismo caso.
Además, el juez Rigoberto Sena declaró el caso complejo.
Se recuerda que, a pesar de los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a 14 personas. Únicamente sometieron a 10, contra los cuales solicitan medidas de coerción.
El Ministerio Público reveló que una red de militares y civiles habría manipulado licitaciones públicas, cobrado comisiones ilegales y exigido sobornos millonarios a empresas proveedoras de servicios de seguridad para garantizarles contratos y agilizar sus pagos. Estas maniobras fraudulentas se ejecutaron entre 2012 y 2025 y forman parte del expediente de la Operación Lobo.
Según la solicitud de medida de coerción, la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senasa), propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González, habría pagado más de RD$35 millones en sobornos para asegurar adjudicaciones y renovaciones de contratos en instituciones públicas, sin contratiempos.
Por Keren Lucas.
