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jueves, 5 de septiembre de 2013

LOS JUECES PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ RIVERA Y LUIS OMAR JIMÉNEZ ROSA, ORDENARON LA LIBERTAD DE HUBER OSVALDO Y ÁNGEL MARÍA BUITRAGO
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo
Con el voto disidente del presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los jueces dispusieron la libertad de dos hermanos colombianos, presuntos cabecillas de una red internacional de lavado de activos integrada por colombianos, venezolanos y dominicanos, que el pasado mes de diciembre recibió un fuerte golpe en su estructura operacional por parte del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Procuraduría General de la República.
Los jueces Pedro Antonio Sánchez Rivera y Luis Omar Jiménez Rosa ordenaron la libertad de los hermanos Huber Osvaldo y Ángel María Buitrago, tras acoger un recurso de apelación presentado por los imputados a través de su abogado Rafael Antonio Taveras, revocando así la prisión preventiva que había dictado el juzgado de Atención Permanente.
Se recuerda que las autoridades del ministerio público habían detectado una posible fuga con varios planes de acción alternativos y compra de impunidad para obtener la libertad de los dos presuntos cabecillas de la red internacional de lavado de activos integrada por colombianos y venezolanos.
De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría General de la República el supuesto plan consiste en lograr la libertad de varios imputados, específicamente de los hermanos Huber Osvaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca, y Javier Camillo y Diana Milena Alfonseca, quienes están recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, cumpliendo prisión preventiva.
Al variar la medida de coerción, el tribunal le impuso el pago de una garantía económica de tres millones de pesos en efectivo a cada uno de los imputados, impedimento de salida y presentación periódico todo los lunes por ante el ministerio publico.
En la audiencia, que concluyó  pasado la 7:00 de la noche del pasado miércoles, y que los jueces duraron más de cuatro hora de liberación, la procuradora adjunta de la Corte de Apelación, Yesica Ramírez había pedido al tribunal rechazar el recurso de apelación y disponer el mantenimiento en prisión de los imputados por entender que no han variados los presupuesto que dieron a la origen a la prisión.
Voto disidente
El presidente del Tribunal, Ramón Horacio González Pérez, entendía que debían mantenerse la prisión de los imputados por considerar que los mismos no tenían una identidad debidamente acreditada, ya que se valieron de pasaportes falsos venezolanos, para entrar y salir de la Republica Dominicana.
En sus motivaciones, el juez sostenía que existen elementos serios, precisos y concordantes  y suficientes que hacen presumir, que pueden resultar culpables de los crímenes que se les imputan, el tráfico internacional de drogas y  patrocinadores de este crimen, los cuales están sancionados con la pena de 30 años de prisión.
Aduce además el magistrado para oponerse a la libertad de los hermanos colombianos, que los mismos no aportaron documentos, ni elementos suficientes, ni relevantes para hacer variar la medida de coerción consistente en prisión preventiva.
Se recuerda que el pasado lunes, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la libertad de María Olimpia Tavárez, también acusada de formar parte de dicha red de lavado de activo, al tiempo que dispuso el envío a juicio de fondo.
La red integrada por dominicanos, colombianos y venezolanos, fue desmantelada por  el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República.
Según la unidad anti lavado la red enviaba dinero hacia Venezuela, Colombia y Panamá, que oscilaba entre los US$2,500,000.00 y US$12,500,000.00 millones al mes y que en este año logró realizar operaciones por más de RD$70 millones, más de RD$282 millones, a la tasa actual.
Al momento de su arresto las autoridades mostraron US$1,003,000.00; 24,500.00 euros y RD$150,000.00, y 20 vehículos de lujo incautados en 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.