Retomando las alegadas acciones delictivas cometidas en el Banco de Reservas, el Ministerio Público sostiene que el excontralor de esa institución, Andrés Guerrero, violentó todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar esa entidad financiera estatal como una especie de “dispensador de efectivos” de la estructura, a sabiendas de que esos fondos se sacaban de manera ilegal, ya que el mismo decía que ese dinero era para campaña electoral.
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El órgano persecutor del crimen sostiene que Guerrero también dispuso que gran parte del dinero distraído de manera fraudulenta fuera entregado, en efectivo, en las oficinas de Mimilo Jiménez, utilizando para el transporte de miles de millones de pesos, los camiones blindados del banco, en una operación típica de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, “todavía más grave siendo el contralor, quien precisamente estaba llamado a evitarlo”.
Sobornos en el CEA
En tanto que la Pepca describe en su solicitud de orden de allanamiento que Luis Miguel Piccirillo McCabe, quien se desempeñaba como director Ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), participó en la compra fraudulenta de los terrenos correspondientes a las parcelas 25 y 31 del DC 8, ubicándose en dicha demarcación el mercado de productos agropecuarios denominado Merca Santo Domingo, a través de la institución que dirigía, con dicho acto ilícito desfalcaron al Estado dominicano.
Maniobras
Señala el órgano acusador que para realizar dichas compras fraudulentas de terrenos se realizaron diversas maniobras ilegales, que conllevó a alterar la naturaleza del CEA, y que recibió sobornos de aproximadamente cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa pesos con cuarenta y cuatro centavos (RD $ 58,949,290.44), por parte de la estructura de corrupción para la realización de dichos actos ilícitos que conllevaron a la estafa y desfalco del patrimonio público.
Agrega la solicitud judicial que producto de dicho pago de soborno adquirió bienes inmuebles, constituyendo dicha acción en el tipo penal de lavado de activos.
Señala que el exfuncionario realizó actos dolosos continuos e incompatibles con sus funciones públicas, utilizando la autorización de pagos basados en cesiones de créditos, además coalicionó con otros funcionarios públicos.
Pesquisas
En la Operación Calamar, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Otros encartados
Otros encartados en caso Calamar son: Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación. La imputación preliminar del Ministerio Público incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
