El caso, denominado Operación Calamar, señala a una supuesta red mafiosa de estafa al Estado por más de 19,000 millones de pesos, dijo el Ministerio Público.
“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones y acciones precisas y directas del Ministro de Hacienda, para ese entonces, el investigado Donald Guerrero, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos; como parte de esas maniobras se proyectaron pagos bajo el concepto de ‘’pago de deuda administrativa’’ por la cantidad aproximada RD$ 31,147,053,422.15, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales hemos identificado que lograron sustraer aproximadamente RD$ 12,000,000,000.00, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa”, detalla el Ministerio Público en una solicitud de allanamiento realizada el pasado 17 de febrero.
Por el caso fueron detenidas al menos 16 personas, entre estas los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quien fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020 luego de derrotar a Leonel Fernández en las internas de esa organización en octubre de 2019.En el documento de solicitud de allanamiento, las autoridades explican que “a pesar de la exorbitante suma de dinero que el ingeniero Bolívar Ventura le entregó a la estructura criminal, persistía la necesidad de obtener más dinero para la campaña política interna del PLD del 2019 y las elecciones de 2020, y beneficiar al investigado Gonzalo Castillo Terrero”.
“Es por esta razón que Mimilo Jiménez, ante un señalamiento que le hace Donald Guerrero, sobre una operación que había realizado y que está bajo investigación, le señala a Fernando Crisóstomo que tenía los expedientes a través de los cuales se podían adquirir los fondos públicos para destinarlo al financiamiento político y a la vez, lucrarse indebidamente a título personal, así como lucrar a los demás integrantes de este concierto criminal, en perjuicio del patrimonio público”, indica.
Sostiene que “estos expedientes eran proceso de expropiaciones de terrenos de las instituciones: Bienes Nacionales, Consejo Estatal de la Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano, donde se alteró el procedimiento de deuda pública para obtener fondos del Estado a través del Ministerio de Hacienda, ascendiente aproximadamente a la suma de RD$31,147,053,422.15”.
El Ministerio Público asegura que los terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional como en Higüey, específicamente dentro del ámbito comprendido del área protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamá); Santo Domingo Este, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón, Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo y Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.
El documento contiene un cuadro con las referidas operaciones que se presenta a continuación.
