El DNI explicó que en el operativo, se decomisaron 42 apartamentos con sus títulos de propiedad, ubicados en Santo Domingo Este, específicamente en las urbanizaciones Alma Rosa I y II, el Ensanche Isabelita y en el Ensanche Piantini del Distrito Nacional, valorizados, preliminarmente, en más de 150 millones de pesos, además dos vehículos de lujo y varios equipos electrónicos utilizados para sus operaciones.
Indicó que paralelamente a las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento desde principios de mayo de 2013, las autoridades italianas emitieron una orden de captura de 55 personas vinculadas a la red, produciéndose el apresamiento en España de 22, entre ellas Gustavo Andrés Ferrer Castillo, sindicado como el cabecilla (extraditado a Italia).
A raíz de la detención, el DNI determinó que el dinero enviado por Andrés Ferrer, era recibido en el país por Teddy Antonio Abad, identificado como el testaferro principal, quien fue deportado de los Estados Unidos el 29 de junio del 2001 por posesión de narcóticos, siendo arrestado posteriormente el 9 de mayo del presente año por la misma razón, en este caso por posesión de 2.5 kilogramos de cocaína, recobrando su libertad bajo fianza.
Conjuntamente con Juan Pablo Ferrer de los Santos (socio principal del cabecilla), blanqueaban el dinero mayormente mediante la compra de apartamentos. Identificado el modus operandi y las propiedades, el 21 de julio del presente año iniciaron los operativos que arrojaron como resultado el decomiso antes señalado.
Posteriormente El DNI y la Unidad Antilavado indicaron que fue emitida una orden de arresto contra Juan Pablo Ferrer de los Santos (socio) y Teddy Antonio Abad y que continuarán las indagaciones para determinar si hay otros implicados en la red y si existen otras propiedades o empresas.
Este desmantelamiento, conjuntamente con el efectuado en diciembre 2012 (Caso “caleta”-hermanos Buitrago), constituyen dos golpes importantes a las operaciones de lavado de activos, por lo que el Departamento continuará aunando esfuerzos para impedir que estas actividades ilícitas vulneren la seguridad del Estado y repercutan negativamente en el orden económico.
