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jueves, 14 de octubre de 2021



Luego de dos semanas de deliberación permanente, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo darán a conocer hoy la sentencia del caso por los US$92millones de los sobornos de Odebrecht, uno de los más importantes expedientes de corrupción de los que se tiene registro en la historia de la República Dominicana.

Los ojos de gran parte de la sociedad están sobre estas magistradas que tienen previsto subir al estrado a las 3:00 de la tarde para leer el fallo que lograron consensuar sobre este proceso que les fue asignado, luego de que el expediente fuera declinado desde la Suprema Corte de Justicia.

“Estamos más que convencidos de que en el caso Odebrecht no habrá impunidad y habrá sentencias condenatorias. Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda”, dijo ayer Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien litigó en el caso desde el inicio del proceso en 2017.

En tanto que la defensa de Ángel Rondón, el principal imputado por los sobornos, manifestó: “El juez debe actuar conforme a la justicia, el derecho y las pruebas. Esto significa que el juez no debe tomar en cuenta la opinión de la mayoría al momento de decidir, ni los medios de comunicación, ni el populismo del momento, sino que debe proceder conforme a los elementos probatorios que las partes le suministraron”. Este planteamiento fue respaldado por el resto de las defensas.

Además del empresario Ángel Rondón Rijo, en el fallo de hoy se decide el destino penal de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado de la República, Andrés Bautista; el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Inapa.

Las juezas y la ley

Las magistradas están atadas por ley a decidir lo que le fue pedido por el Ministerio Público y los imputados, es decir que, conforme a las pruebas que les fueron presentadas durante las audiencias, deben escoger la versión de los hechos que se pudo probar en el transcurso de las discusiones del juicio.

Durante el desarrollo de las vistas la magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, dejó establecido que el tribunal está consciente de su rol. En varias ocasiones se le escuchó reoetir la siguiente afirmación: “Este tribunal solo está apegado a la Constitución de la República, a las leyes y el debido proceso.... Y sobre la base de esto es que toma sus decisiones”.

¿Miriam tenía razón?

El fallo de este tribunal también determinará si tenía razón la magistrada Miriam Germán cuando, en calidad de jueza de la Suprema Corte de Justicia, emitió un voto disidente en el que expresó: “En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsa- nada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio de fondo, donde la prueba no debe dejar lugar a duda razonable”.

Lo solicitado por el MP

Los representantes de la Pepca solicitaron que Rondón y Díaz Rúa sean condenados a 10 años de prisión; siete años para Conrado Pittaluga; y cinco años para Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez. Pidieron el decomiso de todos sus bienes.

La institución asegura haber probado que los procesados incurrieron en los delitos de soborno, prevaricación y lavado de activos para incrementar sus patrimonios con acciones fraudulentas y en confabulación con la constructora brasileña.

También indican que presentaron pruebas suficientes de que incurrieron en falsedad en escritura pública, delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión, hechos que constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

Este pleito en los tribunales fue litigado por Wilson Camacho junto a representantes del Ministerio Público Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, junto con los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.

Los imputados

Los acusados en este proceso se han declarado inocentes. Solicitaron que sea rechazada la acusación por supuesto vencimiento de la acción penal de los delitos imputados.

Asimismo, quieren ser absueltos por supuesta insuficiencia probatoria del Ministerio Público.

TAmbién solicitaron que sea rechazado el pedido de confiscación de los bienes y que se ordene el levantamiento de cualquier medida de coerción que exista contra ellos y sus bienes.