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martes, 26 de octubre de 2021

 

El fiscal titular de Mao, Nelson Rodríguez González, es acusado de dirigir una supuesta red criminal a lo interno de esa institución desde donde se habrían fabricado al menos 20 expedientes falsos contra exempleados, abogados, profesionales de la salud y policías.
En la investigación realizada por la periodista Addis Burgos para su programa “Desclasificado”, que se transmite por CDN canal 37, se conjugan los testimonios del sargento de la Policía Nacional, Antolín Sánchez, exseguridad de la fiscalía; el excoordinador regional de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas del Ministerio de Interior y Policía (COBA), Dionisio Santana Gonell; el doctor Tabaré Rodríguez, entre otros.


Llegué a conocer varias personas del bajo mundo, a quienes toda la provincia de Mao sabe que él protege”, expresó Antolín Sánchez, al denunciar que el fiscal utiliza a personas sometidas a la justicia para presentarlas como testigos en casos que él formula y judicializa.

“Él no trabaja con pruebas, él te fabrica la prueba mediante testimonios utilizando personas que tienen procesos para luego hacer un acuerdo”, refirió al presentar como ejemplo el caso de su expareja, Rebeca Contreras, quien era secretaria de esa institución y hace dos semanas fue procesada junto a Francisco Antonio Calderín por presuntamente asaltar a una empleada de la Fiscalía luego de haberle pagado el dinero de un san.

Refiere que su expareja le prestó dinero, por instrucciones del fiscal, para él comprar un arma ilegal a una persona vinculada a una organización criminal debido a que la que él tenía asignada de manera irregular por la actual gestión, le había sido robada.
Añade que cuando su expareja comienza a exigir la retribución del dinero y amenazar con denunciar el hecho, ella fue trasladada al juzgado de paz y posteriormente el fiscal la sometió por robo.

A la denuncia del sargento, se suma la del director del COBA, quien luego de haber hecho un informe sobre el accionar del fiscal durante un operativo donde fue a cerrar un negocio por violación del toque de queda, fue sometido a la justica por alegada extorsión al propietario de otro negocio presuntamente vinculado a la venta de sustancias controladas y que supuestamente tiene vínculos con el fiscal.

El coordinador regional del COBA afirma que tras el informe, le dijeron que tuviera cuidado, porque le estaban fabricando un expediente en donde alguien lo acusaría de exigir 50 mil pesos en extorsión. Dijo que a una semana de la advertencia, efectivamente eso pasó: el propietario del negocio Las 4P, supuestamente hizo la denuncia.