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miércoles, 26 de enero de 2011

Por Cándido Mercedes
Los expertos constitucionalistas nos señalan que una Constitución es un Pacto de convivencia política. Ella es el conjunto de normas fundamentales que dan unidad al ordenamiento jurídico del Estado; es, por así decirlo, las normas jurídicas que se establecen entre los gobernantes y los gobernados.
Ellas en sí mismas, son expresión de acuerdos, demandas, aspiraciones entre los diversos intereses de una sociedad. Constituyen el hilo conductor de la evolución económica, social, cultural, política y medio-ambiental de un Estado-Nación. Es el esfuerzo concertado políticamente de una sociedad.
Por ello, una Constitución como andamiaje y armazón superestructural de la sociedad constituye algo muy serio. De ahí que no comprendemos cómo los creadores y apologistas de la actual Constitución, a menos de un año, la desconozcan, la vulneren y la violen tan sistemáticamente.
La Constitución es el eje articulador de la confianza y credibilidad de las instituciones. Es la fragua que genera las acciones y decisiones colectivas que posibilitan expectativas predecibles entre los gobernantes y gobernados. Por eso, leyes, decretos, reglamentos, siempre son reflejos subalternos de ella.
Como acción englobante de la Ley, ella no puede ser relajada, pues pierde su autoridad, su legitimidad; deslegitimando su contenido y por vía de consecuencia, su naturaleza esencial: El Contrato Social.
Desde la transición de la democracia dominicana (1978), la mayoría de los pactos logrados por la Clase Política han sido fruto de crisis, vale decir, obtenidos de manera reactiva; no desde una perspectiva proactiva, como escenario de una visión de país. Aquellas, donde la elite política se ha puesto de acuerdo y que no han sido consecuencia de una crisis, no se han cumplido en su ejecución.
Hoy, 26 de Enero, Día del Natalicio de Juan Pablo Duarte, a un año exacto de la proclamación de la Constitución, en el Periódico Hoy el Procurador General reconoce que “se viola la Carta al vencer el plazo del TC” (Pag. 12-A). En la Pag. 10-A del mismo periódico, en el mismo día, se señala "Pina afirma Comisión Tribunal Constitucional busca consenso". Más adelante, en el cuerpo de la información dice "... informó ayer que la Comisión de Juristas designada por el Presidente Leonel Fernández para estudiar el Proyecto de Ley que crea el Tribunal Constitucional, se ha puesto de acuerdo en fórmulas que permiten solución de consenso."
De las 19 disposiciones transitorias de la Constitución ya el Congreso ha violado seis (1, 2, 5, 6, 7 y 11). Esto es sin contar las violaciones , incumplimientos e inobservancia de los artículos: 4, 6, 7, 38, 39, 41, 42, 49, 51-1, 55-3, 57, 59, 61, 62, 63, 75-6, 77-4, 97, 142, 144, 146, 147, 166, 169, 171, 179, 184, 190, 196 (el Párrafo), 200, 206, 238, 272 y 277.
En tanto una Constitución es un espacio de Pacto Social, de Contrato Social, mecanismo de acuerdo y de Control Social, al mismo tiempo, la nuestra ha sido inobservada, en la forma y en el fondo, por el propio Congreso y por el Poder Ejecutivo.
Ello es peligroso porque el vínculo de obediencia de los ciudadanos está determinado y subordinado a la observación del cumplimiento del Pacto Social por los gobernantes para los gobernados.
Más que un instrumento jurídico, la Constitución es el peldaño, el eslabón fundamental para que nosotros los ciudadanos no naufraguemos en una especie de laberinto de la vida social; donde la interacción social necesaria para los acuerdos se generen fuera del derecho y de la ley; ella es la dermis y la epidermis de las reglas del juego de la vida democrática.
La legitimidad de un Estado está en la medida que tiene la capacidad de tutelar los derechos de los ciudadanos, de generar espacios de consentimientos que propicien el más amplio consenso de los individuos que integran la sociedad. Es la asunción de una vida civilizada que emerge y se expresa a través de las normas y las instituciones, como prerrequisito sine qua non de un Estado Social y Democrático de Derecho.
La Clase Política tiene que respetar la Constitución que ella misma se ha dado, tiene que entender que un Estado Social y Democrático de Derecho trasciende la legalidad per se; es la sumisión completa y total a la Constitución. Es la única manera de la cristalización y racionalización del devenir de las acciones y decisiones de ella que encuentra una gobernanza a largo plazo. La sociedad política tiene que dejar atrás la politiquería, el parroquianismo y la ceguera periférica que la caracteriza; dejar el paradigma del homo homini lupus (el hombre era lobo del hombre). Romper con ese espíritu de Leviathan con que se regodean, oponiéndose a la democracia que ellos dicen representar.
Reinaldo Pared Pérez y Julio Cesar Valentín Jiminián, Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, en la Presentación de la Constitución, en su último párrafo expresa lo siguiente, citamos "Finalmente, lo más importante en toda sociedad consiste no en tener en su inventario un rosario de legislaciones casi perfectas, sino que entre todos sus integrantes, gobernantes y gobernados, exista una auténtica conciencia de que, por encima de todo, está la inclinación y el respeto reverente por la Ley y sus instituciones".
Es lo que queremos los ciudadanos, la sociedad civil (las iglesias, los empresarios, los medios de comunicación, las universidades); la legitimidad racional de Max Weber, vale decir, la autoridad legal, el estado de derecho, que es tan sencillo: Cumplir con la ley. ¡Nada más! Como muy bien nos decía M. Gandhi "La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo". ¡Es el encuentro de una democracia con gobernanza posible a largo plazo!