La coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, magistrada Kenya Romero, dispuso en abril, 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo contra José Ramón Peralta y Donald Guerrero por su alegada participación en la operación Calamar.
En el caso de Donald Guerrero, la barra de la defensa ha argumentado que tiene suficiente arraigo para ser favorecido con la imposición de una medida de coerción distinta a la prisión preventiva. Y que, además, no representa ningún riesgo de fuga ni de obstaculización al proceso judicial.
Su defensa evidenció que el ex ministro compareció cuantas veces fue citado por el Ministerio Público, y que por más dos años y sin tener impedimentos de salida y saberse investigado, notificaba sus salidas y entradas al país “de manera voluntaria, detallada y con anticipación”.
Según los abogados, “el Ministerio Público es testigo de que esos más 40 permisos y 13 interrogatorios fueron cabalmente cumplidos”, lo que demostraría su actitud de colaboración plena con la investigación.
