Los padres de uno de los adolescentes asesinados el pasado 8 de abril por un teniente de la Fuerza Aérea Dominicana clamaron este sábado por Justicia. Las familias de Eduardo Miguel Cabrera, quien contaba al momento de su muerte con 15 años de edad, visitaron hoy. El Gobierno de la Mañana de los Sábados, de la Z101, donde informaron que este viernes depositaron una querella penal y civil contra el primer teniente Rafael Sierra Pérez, en la que reclaman una condena de 30 años de cárcel, y una querela de responsabilidad civil contra Inmobiliaria Vimenca por 100 millones de pesos.Escuche las declaraciones de los Padres de los menores asesinadosAcompañados de su abogado, Juan González, los señores Miguelina Santana y Eduardo Cabrera, llamaron a poner freno a la entrega de armas a personas que mentalmente no tienen la capacidad para detener sus instintos más bajos. También pidieron poner fin a la práctica de que policías y militares presten servicios en propiedades privadas.
Miguelina y Eduardo manifestaron el dolor que les acompaña desde hace un mes, tras la muerte de su hijo. Resaltaron que la comunidad residente en el Kilómetro 22 de la Autopista Las Américas ha manifestado también su pesar por los crímenes. Incluso, ayer, unas 600 personas de la zona acompañaron a los padres de Eduardo Miguel y Jordi Stub, el otro joven de 16 años asesinado el mismo día por el oficial de la FAD, a entregar la querella. De hecho, Rosa Demorize, madre de Jordi, inició también una demanda contra Sierra Pérez e Inmobiliaria Vimenca.
Apesadumbrados, los padres recordaron cómo se produjo el crimen. A las cinco de la tarde del 18 de abril, Jordi invitó a Eduardo Miguel a bañarse “a la poza”, un charco artificial que se había formado en la propiedad de Inmobiliaria Vimenca, causado por una tubería rota, y donde los muchachos del barrio iban a bañarse.
Insistieron en que el asesinato fue un acto de barbarie inaceptable, que no debe de quedar impune y debe ser condenado de manera ejemplar.El abogado González señaló que el Código Civil de la República Dominicana establece la responsabilidad de los empleadores sobre los hechos violatorios a la ley que cometan los empleados. Inmobiliaria Vimenca pertenece al empresario Víctor Méndez Capellán. También denunció que durante los interrogatorios, Méndez Capellán reconoció que tiene 1,600 militares y policías a su servicio. Por ello, la familia ha reclamado la responsabilidad civil del empresario. No obstante, insistió en que la reparación económica que establece la ley nunca podrá subsanar el dolor que ha producido a la familia el bochornoso crimen.
Asimismo, González criticó la forma cómo los departamentos investigativos de la Policía Nacional han manejado el caso, sobre todo en términos de las evidencias existentes en la escena del crimen. Por ejemplo, dijo que a los tres días del asesinato, aún el cuerpo del orden no había recogido casquillos de bala u objetos ensangrentados. Insistió en que las evidencias y prueban son fundamentales para determinar los móviles y determinar la culpabilidad.
