Afirma que el país ocupa los primeros lugares en casos registrados.-SANTO DOMINGO- En conmemoración al Día de la No Violencia Contra la Mujer mañana viernes, la Colectiva Mujer y Salud mostró su preocupación ante la problemática que reflejan los casos de violencia de género en el país, afirmando que existen más de 200 feminicidios y 64,000 denuncias en lo que va de año.
La entidad afirma que el país ocupa los primeros lugares dentro de los que registran casos de violencia por lo que entiende que hace falta una reformulación a fondo de las políticas estatales de prevención, atención a las víctimas y sanción a los agresores.
La institución sostuvo que el crimen contra las mujeres constituye una emergencia en el ámbito salud ya que supera todas las enfermedades bajo control epidemiológico en el país, dejando una estela de féminas torturadas, de niños y niñas traumados o en la orfandad a causa de los feminicidios.
Dice que el Estado carece de respuestas ante la problemática que implica también una violación a los compromisos adquiridos por el país a través de convenios internacionales.
"Desde la promulgación en 1997 del nuevo marco legal contra la violencia de género, ningún gobierno ha asumido el problema con la seriedad que éste amerita, como evidencian los bajísimos presupuestos destinados a enfrentarlo. La lucha contra la violencia, por el contrario, demanda un fuerte compromiso por parte de la clase política dominicana hacia la formulación e implementación de una nueva política, que incluya y articule adecuadamente los esfuerzos de todos los sectores, tanto del ámbito público como de la sociedad civil" indicó la Colectiva Mujer y Salud.
Abogó, además, por mayores servicios legales, médicos, económicos y lugares de refugio de calidad para las víctimas de violencia y sus hijos afirmando que solo existen 14 unidades de atención y dos albergues para refugiados en todo el territorio nacional resultan insuficientes para atender el volumen de casos denunciados.
Se quejó del bajísimo número de sometimientos y de condenas judiciales a agresores, situación que victimiza doblemente a las mujeres agredidas y aumenta su vulnerabilidad, al tiempo de asegurar la impunidad de los agresores.
Demandó también la creación de más programas de reeducación para agresores siendo obligados estos a completar dichos proyectos, a la vez de aumentar el tiempo de penalidad de los ya imputados por los hechos de maltrato.
