SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) atribuyó este viernes al clientelismo político la "apatía y el desinterés" que ha mostrado el Ministerio Público para perseguir los actos de corrupción administrativa. Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, se mostró inconforme por la falta de respuestas a las querellas sobre actos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno, que fueron depositadas ante la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), y que hasta el momento no han sido investigadas ni puestas a la acción de la justicia.
“Atribuimos la apatía al compromiso que tiene el Ministerio Público con los funcionarios públicos denunciados por tratarse de miembros del mismo partido”, señaló De la Rosa Tiburcio al indicar que en lo que va de año han sometido cinco casos de supuestos actos de corrupción y ninguno ha sido resuelto ni investigado.
Los sometimientos de ADOCCO sobre casos de supuestos actos de corrupción se han realizado en contra del director general del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel, por alegada malversación de fondos; administración del Hotel El Naranjo y contra Alfredo Paredes, director del Instituto de Formación Turística del Caribe, en cuyo expediente aseguran que la dirección de la entidad incurrió en actos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
También, contra el ex director del Programa de Reducción de Apagones (PRA), Marcos Lara, por supuesto nepotismo, corrupción y desvíos de fondos públicos; al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura, por alegado nepotismo y corrupción; y al ex director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), Franklin Beltré.
Tras la denuncia de nepotismo y corrupción en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que hizo en su programa “Nuria” la periodista Nuria Piera, ADOCCO elevó una instancia por ante el DPCA y la Procuraduría, en contra del vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura.
Este viernes, la directiva de ADOCCO depositó ante la Procuraduría un documento en donde manifiestan su rechazo a los pronunciamientos del procurador general de la República, Radhamés Jiménez y advirtieron que darán un plazo de cinco días al DPCA para que responda a las querellas o, de lo contrario, procederán a someter los casos de manera directa ante la Jurisdicción de Instrucción “por la apatía que ha tenido el Ministerio Público de perseguir la corrupción”.
“El procurador no debe estar pidiendo pruebas, sino que debe cumplir con su misión para lo que le pagan, porque le pagan muy bien, porque el Código Procesal Penal le confiere la responsabilidad de poner en movimiento la acción pública desde que se detecta cualquier acto de corrupción”, indicó De la Rosa Tiburcio.
Recordó al procurador que, de acuerdo con el artículo 16 del nuevo Código Procesal Penal, corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal pública, sin perjuicio de la participación de la víctima o de los ciudadanos en el proceso conforme a lo que establece la ley, y que para ello tendrá atribuciones entre las que está investigar los hechos punibles de la acción pública.
Asimismo, la Ley 76-02 obliga al Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.