SANTO DOMINGO--La Asamblea Nacional prohibió la transferencia de fondos de los recursos consignados a la Educación para otros propósitos y envió a comisión el artículo que aspira a que a que se constitucionalice el 4 % del Producto Bruto Interno para la Educación.La prohibición de la transferencia se aprobó acogiendo una propuesta del asambleísta Frank Martínez.
Asimismo el presidente de la Asamblea Revisora de la Constitución, Reynaldo Pared Pérez, calificó este jueves de error que los asambleístas quieran constitucionalizar los aspectos que deben estar contenidos en las leyes adjetivas.
Ante esa situación, llamó a los asambleístas a reflexionar y meditar sobre los asuntos que deben insertarse en el nuevo texto constitucional remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo, señalando que todavía queda un trecho largo por recorrer.
Señaló que la Constitución establece solamente los principios, mientras que la ley es la encargada de los detalles, en alusión al artículo 52 de la nueva Carta Sustantiva sobre la inversión del cuatro por ciento que debe hacer el Estado en ese renglón.
Pared Pérez expresó que ningún gobierno en la República Dominicana ha podido cumplir con lo que establece la ley sobre la inversión en la educación, aunque confió en que se logre con el transcurrir de los años.
No obstante, precisó que las dos carteras con más asignaciones en el presupuesto nacional son precisamente educación y salud.
Asimismo, indicó que las inversiones del Estado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en otros renglones se enmarcan dentro de ese cuatro por ciento de inversión.
Pared Pérez informó que en una revisión de las constituciones de los países de América Latina, exceptuando Costa Rica, ninguna tiene insertada los recursos que el Estado debe destinar a la Educación.
El numeral nueve de la nueva Carta Sustantiva señala que la inversión del Estado en la educación, ciencia y tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión.
