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sábado, 31 de octubre de 2009

SANTO DOMINGO. La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) supervisará los gastos en publicidad que hagan los precandidatos a cargos electivos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) durante sus convenciones internas previstas para noviembre y diciembre.La iniciativa contenida en la Resolución No.02-2009 establece la metodología que se aplicará para fiscalizar y supervisar las primarias de ambos partidos.El organismo dispondrá de efectivos de la Policía Militar Electoral para garantizar el orden en los centros de votación y de las Juntas Electorales donde se recibirán las actas para fines de escaneo y transmisión hasta los centros de cómputos de los partidos. Asimismo, dispondrá de seguridad en lugares donde la JCE entienda pertinente, o que sea solicitada por los partidos políticos. Se hará un monitoreo sobre el uso de los espacios públicos y privados. En la resolución se establece que se instruyó a los Secretarios de las Juntas Electorales de que no podrán almacenar ni retener ningún tipo de material electoral o documentos relacionados a esos procesos internos. Por esa razón, sus instalaciones servirán exclusivamente para el centro de escaneo y transmisión de las actas de los resultados. El organismo dispuso que "ningún Secretario de Junta Electoral" puede permitir la instalación de equipos de procesamientos de datos como computadores, escáneres o cualquier otro accesorio que no sean propiedad exclusiva de la JCE.También, observará y dará seguimiento a la divulgación de los resultados de las convenciones y para ello pedirá a las comisiones organizadoras que con antelación presenten el procedimiento que hayan definido para divulgar los resultados electorales.La fiscalización y supervisión abarca la inscripción de las precandidaturas, la campaña, logística, el padrón electoral, el sistema de cómputos, instalación y la apertura de los centros, desarrollo de las votaciones, traslado, escaneo y transmisión de los resultados. La institución aclaró que la supervisión no implica una sustitución, suplantación o intromisión en las atribuciones y prerrogativas de los partidos, ni releva a sus autoridades de sus responsabilidades.