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lunes, 16 de mayo de 2022

 La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) informó este lunes que fue formalmente notificada de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara contrario a la Carta Magna el artículo 14 numeral 2 literal F, de la Ley 631-16 de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que exigía a las compañías de vigilancia contratar personal armados mayores de 30 años de edad.

La directora ejecutiva de Adesinc, Katia Salomón, explicó que habían saludado esa decisión de la alta corte, pero faltaba por cumplir este procedimiento técnico para ejercerla.

El dictamen del pasado año del TC redujo a 18 años la edad que debe tener el ciudadano para obtener el permiso para la licencia, porte y comercialización de armas de fuego que expide el Ministerio de Interior y Policía, al acoger un recurso de inconstitucionalidad de Adesinc.

El argumento de la Adesinc era que el artículo 14 numeral 2 literal F de la ley de armas era contrario a la Constitución que garantiza el derecho de igualdad en los artículos 39, el 40.15 y el 62.1 y 62.2.

En una comunicación de prensa, Katia Salomón reiteró que constituye un logro para ese sector que haya sido acogido favorablemente el recurso interpuesto por esa entidad porque el citado artículo limitaba el crecimiento de esa área productiva que sustenta a más de 22 mil personas de manera directa y, además, imposibilitaba de empleos a los jóvenes con menos de 30 años.

“La revisión de esta limitante de la edad fue propuesta por Adesinc sin hacer inferencia al porte de la población civil en general, pues al promulgar esta Ley no se tomó en cuenta que del sector de la seguridad privada dependen muchos hombres y mujeres que han tomado esta profesión que aporta al estado dominicano unas 82 mil horas de servicios a la seguridad ciudadana cada año”, expresó.

Sobre ADESINC

La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), es una organización sin fines de lucro que se encarga de agrupar las principales compañías de protección, fundada en enero de 1982 e incorporada con el decreto número 108-92, de fecha 2 de abril del 1992.

Agrega el comunicado de prensa que su membresía actual está compuesta por más de 65 empresas formales del sector, que aportan a la seguridad ciudadana alrededor de 82 millones de horas de vigilancia y protección anual y pagan en nómina un total de 3 mil millones de pesos al año, a los 22 mil colaboradores de las empresas asociadas.