SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El experto medioambiental, Luis Carvajal dijo que la Academia de Ciencias, así como la sociedad en sentido general deben implementar acciones para evitar que se ejecute el contrato sucrito entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Gold, cuya renegociación implica ganancia cero para el país.
“La primera acción es colocar una oposición legal a este contrato, y eso para que no quepa dudas, porque de repente no quiero que nos apliquen el artículo de la nueva Constitución, que dice que hay que tener un interés legítimo.
Yo pienso que los pobladores y la comunidad de Cotuí, que las fuerzas vivas y sociales de Cotuí tienen un interés legítimo, suficiente como para colocar en los tribunales una oposición legal, una oposición formal a este contrato”, manifestó Carvajal.
Carvajal dijo a El Despertador, matutino del grupo SIN, que se transmite por Antena Latina, que en segundo término se debe plantear una renegociación de dicho contrato además de ordenar una investigación sobre la actuación de los negociadores dominicanos, que según dijo, contraviene los intereses del Estado ya que actuaron en representación de la empresa minera y no del país.
“Le pedimos al gobierno que mientras tanto suspenda a todos los negociadores, los suspenda, los saque de su trabajo temporalmente, con disfrute de sueldo durante algún tiempo, en lo que se investiga las razones de su actuación”, agregó.
Asimismo, llamó a toda la sociedad a movilizarse para impedir que ese contrato se ejecute.
Beneficios
Afirmó que el beneficio del Estado, en los términos en que ha sido concertado el contrato, será cero, en el caso de que ellos declaren que no tuvieron una tasa de retorno sobre el 10 por ciento.
Dijo que el contrato también establece que el Estado sólo tendría derecho y empezaría a cobrar la participación sobre las Utilidades Netas una vez que la empresa logre alcanzar una rentabilidad de 10% (tasa interna de retorno) y cuando haya recuperado el monto invertido.
Dijo que la empresa Barrick Gold enfrenta acusaciones en siete países de América Latina y puso como ejemplo los casos de Chile y Argentina, donde asegura se acusa a la empresa, así como a funcionarios de haber incurrir en manipulaciones para lograr contratos onerosos para ambos países.
“Aquí nadie lo ha acusado todavía, a pesar de que nuestro contrato lo estuve comparando con el chileno, el chileno es una joya con relación al nuestro. Allí se dice que es oneroso, el beneficio de Chile es de 48%”, afirmó.
También la enmienda contempla la creación de un Fondo de Garantía, que se alimentará con un 10% de los fondos recibidos por el Estado, para cubrir el pasivo ambiental.
