SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado Manuel Ramón Vásquez Perrota deploró que en el proyecto de Constitución que actualmente firman los asambleístas exista un artículo que faculte al presidente de la República a otorgar poderes a organismos supranacionales para dirigir procesos de integración.Entrevistado en El Despertador, matutino del grupo SIN, que se transmite por Antena Latina, Perrota aseguró que “no podemos poner en una constitución de la República que le vamos a entregar poderes a organismos supranacionales, que vamos a delegar nuestro gobierno en algo tan puntual, tan medular como es un proceso de integración, no importa con que país sea, pongan Canadá, pongan Estados Unidos, pongan el país que ustedes quieran, pero ya ustedes saben con cual va a ser el primero. Uno no se fusiona a 3 mil kilómetros de distancia, uno se fusiona primero con su vecino”. “Cómo un dominicano, alguien que se sienta dominicano, va a permitir que en su Constitución exista un artículo como tal, por eso es que tu ves ya en la calle un sin número de personas con los stickers (esa no es mi Constitución)”, agregó el abogado.
Señaló que los primeros tres artículos de la Constitución aún vigente establecen con claridad que los poderes son indelegables.
Otro aspecto en el que se basa el recurso de amparo esta relacionado con lo que Perrota llamó mega concentración de poderes en la figura del presidente de la República.
“Los artículos 174, 178, 179, 184, 185 y 277 de ese proyecto de constitución de la República que hoy se está firmando, concentra los tres poderes del Estado en la figura del presidente de la República”, agregó el abogado.Dijo que al pueblo se le vendió la idea de que luego de la reforma constitucional, el artículo 55, que da poderes excesivos al mandatario, sería eliminado; “sin embargo, ha sido todo lo contrario, porque ahora se concentran los tres poderes del Estado en la figura del presidente de turno”, acotó Vásquez Perrota.
Vásquez Perrota encabeza a un grupo de 12 ciudadanos que el pasado 20 de noviembre elevó un Recurso de Amparo contra la nueva Constitución y que fue rechazado en primera instancia cinco después por la Suprema Corte de Justicia.
