Reclaman que los demandados paguen una indemnización de RD$20 MM y el dinero sustraído
Noticia Comentarios Imprimir Enviar Favoritos SANTO DOMINGO.- El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) presentó formal acusación ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra ex directivos de la cooperativa de Servicios Múltiples de Empleados del Senado de la República, (COOPENSENADO), por mal manejo de alrededor de 30 millones de pesos.
Los imputados actuaron en violación a los artículos 69 de la ley 127-64 y 170, 171, 172, 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que instituyen el delito de defraudación, desfalco y estafa a una cooperativa por parte de directivos y socios.
Los ex directivos de COOPENSENADO, Mayra Ruiz Atwood, José Domingo Carrasco, Daysi Ravelo, Francisco Peña, Ana Chávez, Mercedes Camarena, Héctor Gómez, Welnel Feliz, Sandra Roa, Silverio Román, Ana Cordero, Damaris Luciano y Danilo De Los Santos son acusados además de Asociación de Malhechores en violación a los artículos 14,15, 33,36, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 62, 63, 66, y 160 del Reglamento de Aplicación de la ley 127, además de los artículos 42 y 66 del Estatuto de la Cooperativa de Empleados de la Alta Cámara.
Según testimonios de los fiscalizadores del IDECOOP, María Altagracia Paulino y Ángel Del Valle, los demandados incurrieron en manejo administrativo inadecuado de los fondos de la cooperativa, alteraron y borraron los libros de banco, ocultaron informaciones, no presentaron los balances en tiempo oportuno y correcto, entre otras irregularidades que constituyen defraudación y desfalco.
En tal sentido el IDECOOP, que encabeza Pedro Corporán Cabrera y los abogados apoderados del caso, Martin Suero Ramírez y Juan de la Rosa, reclaman que a los demandados se les condene a pagar una indemnización de 20 millones de pesos por los daños ocasionados a la entidad, además la devolución de los 30 millones de pesos sustraídos.
Asimismo se solicita sean condenados a pagar a la víctima, una suma adicional de dos millones de pesos, como lucro cesante por beneficios dejados de percibir a consecuencia del hecho que ha impedido el trabajo, la entrega de trabajos contratados por terceros y libre goce de su propiedad robada.
